Debido a la falta de una normativa específica, el caso de estafa millonaria a través de una aplicación móvil, donde al menos 2.000 personas en el país fueron afectadas puede quedar impune, según abogados consultados por EL DIARIO.
El abogado Eduardo León manifestó que, actualmente, no existe en el país una normativa precisa referente a las denominadas estafas piramidales ya que el artículo 335 del Código Penal refiere solo el delito de estafa y para algunos casos como este con el agravante de víctimas múltiples. Es decir que este caso sería una estafa agravada, cuya sanción máxima es de diez años de privación de libertad.
“Estos son delitos que son calificados como delitos patrimoniales y estos tienen una virtud procesal que pueden incluso llegar a ser una conciliación porque la finalidad es recuperar el bien jurídico que en este caso sería el dinero”, explicó.
El jurista refirió que en Bolivia hay casos emblemáticos de delitos de estafa, empero que ninguno tuvo el resultado esperado como el caso de la inmobiliaria Finsa de los años 80, donde después de 12 años de deambular en los estrados judiciales, se dictó una sentencia contra los responsables que estafaron a más de 21 mil acreedores y alrededor de 51 millones de dólares.
“En el país hubo anteriores casos como el caso Finsa, se han dado quiebras de bancos donde varias personas han quedado impunes, ninguno llegó a sentencia conforme a lo que las víctimas han solicitado, no se ha resarcido el daño económico y con el tiempo han quedado en el olvido. A las víctimas les queda lograr una negociación de tal forma que puedan recuperar lo invertido porque hay muchas personas detenidas debiendo dinero que no son recuperados”, advirtió.
En esa misma línea, el abogado Víctor Medinaceli manifestó que existe un vacío jurídico en el caso de estafas piramidales, lo que hace que la mayoría caiga en la impunidad porque no conocen a la persona y porque este tipo de casos son transfronterizos.
Aclaró que en este caso concurren los delitos de estafa y manipulación informática que data de 1997, cuando aún no estaban en auge las redes sociales y el internet no era de fácil acceso como ahora.
“Cualquier persona puede crear una aplicación, generar un rumor por internet y las personas empiezan a adquirir no solamente en Bolivia sino en el mundo. Este tipo de páginas es de fácil creación, es de conocimiento general que incluso es fácil crear perfiles falsos”, recordó en entrevista con Unitel.
En ese marco, sugirió que todas las víctimas puedan organizarse para que haya solo una denuncia a nivel nacional donde concurran todos los afectados.
“Deberían adherirse todos a la denuncia porque hay muchas personas que están en situación económica mala y va a ser difícil que vaya a hacer el seguimiento a otro departamento. Deberían organizarse por departamentos, armar una lista, un representante y coordinar con quien ha iniciado el caso en Santa Cruz para que concurran todos los afectado y se lleve un solo proceso”, recomendó.
No obstante, advirtió que este proceso no será rápido ni sencillo porque hay que adjuntar pruebas y otros actuados, por lo que se debería pedir la anotación preventiva de las cinco personas que fueron cauteladas ayer.
“Hoy en día los delitos son transfronterizos y este tipo de aplicación puede ser colgada en cualquier país del mundo y las personas que hoy han sido sindicadas pueden ser absueltas porque solamente pueden haber sido instrumentos para facilitar el delito”, advirtió.
Por otro lado, el abogado Marcio Ramos lamentó que en menos de un trimestre se haya estafado a más de dos mil personas a través de una aplicación en línea, cuando ya había antecedentes.
Ramos apuntó que si bien la Policía cuenta con una división de Cibercrimen será muy difícil dar con los responsables debido a las capacidades limitadas en cuanto a requerimientos al exterior.
El jurista manifestó que si se hace un rastreo se podría llegar a los responsables, siendo que existe lo que se llama “huella en la red”, empero debido a las experiencias “limitadas” en el país, esto demoraría mucho tiempo.
“La mayoría de los países ya hacen sus investigaciones sobre la base de un análisis forense digital que permiten dar con los delincuentes, pero en el país eso está lejano aún, recordemos que solo para realizar la pericia a las elecciones de 2019 se tuvo que contratar expertos del exterior para hacer el trabajo”, recordó.
TESTIMONIO
Una víctima que pidió mantener su nombre en reserva relató que el dinero era depositado en una cuenta de una entidad bancaria del país y los estafadores enviaban videos explicativos de cómo hacer el depósito y cómo hacer el trabajo diario para supuestamente ganar dinero.
“Yo solamente puse dos mil bolivianos, prácticamente es poco, porque hay personas que metieron hasta 150 mil y mucho más. Invertíamos dinero y recibíamos comisiones dependiendo el monto, de 100 a 500 bolivianos era el 3 %, de 500 a 4.000 era el 3,5 % y sacando cálculos era una ganancia muy buena, depende de los días si era 30 días llegabas a duplicar el monto”, relató.
“Yo invertí ocho mil bolivianos, pero hay personas que pusieron más. Ayer me sorprendí, cuando hicimos la denuncia nos llamaron por lista y habían personas que habían puesto hasta 500 mil bolivianos, hay gente que ha vendido sus cosas, se ha prestado y han empezado a invertir. Hay otros que han invertido 500 bolivianos por querer ganar porque debido a la pandemia muchos han sido afectados”, dijo otra víctima.
Una tercera víctima pidió que se devuelva la inversión, sino es el 100 % el monto que se pueda.