Gobierno busca evitar que el país sea incluido en lista gris

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló que tras el anuncio de retirar el tratamiento del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, en la Asamblea Legislativa, el Gobierno trabaja para que esta decisión no afecte al país, en el manejo de recursos y transacciones bancarias a nivel internacional.
Señaló que la determinación de desechar esta norma puede generar que a futuro el país sea sancionado con la inclusión en la lista gris de Estados que no cumplen en la lucha contra el lavado de activos, por lo que solo queda trabajar para que esto no ocurra. “El Gobierno seguirá trabajando para hacer que no se incluya a nuestro país esa lista gris”, dijo.
Puntualizó que entre las sanciones que deriven de la determinación, se advierten eventuales dificultades al momento de realizar transacciones bancarias en el extranjero, hecho que perjudicaría no solo al Estado boliviano sino también al sector empresarial.
“Podemos tener dificultades en temas de transacciones bancarias a nivel internacional y eso sería una lamentable consecuencia financiera que puede afectar a nuestro país e inclusive a los empresarios, cuando realicen transacciones”, manifestó.
Indicó que durante seis años, el Gobierno ha estado trabajando para que el país salga de las listas grises de países que incumplen acuerdos internacionales.
Al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo que el Estado boliviano estuvo incluido en las listas de países que fallan en la lucha contra la legitimación de ganancias, por lo que es muy probable que las sanciones se presenten en el ámbito financiero.
“Nosotros estuvimos en esta lista gris. Sabemos los grandes perjuicios que pueden ocasionar a la población en algo que es cada vez más generalizado, como son las transacciones financieras internacionales, la compra en páginas de otros países y todo lo que hace al sistema financiero”, manifestó la autoridad.
Reiteró que la determinación de sacar esta normativa de su tratamiento en el Legislativo responde a la presión organizada por sectores opositores que solo buscan dañar al Gobierno.