La Constitución Política del Estado establece en el Art. 7 que “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”.
El gobierno de Luis Arce obedece al Adendum del ALBA, que define en el punto 1.7. LEYES: “Cuando nos haya llegado el momento de gobernar abiertamente y de mostrar los beneficios de nuestro gobierno, reforzaremos todas las legislaturas. Nuestras leyes serán breves e inmutables, sin comentarios para que todos puedan entenderlas bien. El rasgo predominante de estas leyes será la obediencia a la autoridad llevada a lo sublime”. Tal documento fue firmado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Honduras, con gobiernos autoritarios que pretenden imponer el Socialismo del Siglo 21, para someter al pueblo.
El Plan Ley 1.386, INCONSTITUCIONAL, aprobó la estrategia, sin juez ni fiscal, para que la UIF sea el zar de la persecución, generando normas más que el Parlamento, y el denominado Sujeto obligado es el traidor para que informe, y solo con investigación financiera que es vinculante. Todos somos culpables para el gobierno abusivo y se define lo siguiente:
C.12 AMPLIACIÓN DE FACULTADES ANALÍTICAS DE LA UIF
Objetivo estratégico
Contar con informes de análisis de Inteligencia Financiera y Patrimonial realizados por la UIF, que comprendan a todas las personas vinculadas a un caso y que contribuyan de una manera más efectiva a la investigación.
Acciones a desarrollar
Elaborar normativa que permita a la UIF realizar investigaciones financieras patrimoniales que incluyan a las personas que resulten vinculadas a los sujetos sobre los cuales se ha percibido un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o un pedido de autoridad competente.
C.13. AMPLIACIÓN FACULTADES OPERATIVAS DE LA UIF
Objetivo estratégico
Ampliar las facultades de la UIF para realizar investigaciones financieras en materia de LGI/FT, no solamente motivadas por la existencia de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o pedido de la autoridad competente.
Acciones a desarrollar
Formular normativa que faculte a la UIF a iniciar investigaciones de oficio. Sin la necesidad de existencia de una ROS o pedido de autoridad competente, así como establecer las condiciones para el ejercicio de la misma.
Ante este abuso del gobierno de Arce, las fuerzas reales de poder se movilizaron en ampliados y reuniones, con la participación de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Jubilados, COD de Chuquisaca, Cooperativas Mineras del Oro, asociaciones de panaderos, carniceros, Comités Cívicos del Sur, Plataformas 21F, Confederación de las Pequeñas y Micro Empresas, mujeres y jóvenes, para exigir la abrogación de leyes inconstitucionales, como la Ley 1.386 con sus 7 artículos: “Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y la de Fortalecimiento para la lucha anticorrupción”, llamada Ley madre por los trabajadores, dirigida al sector informal, ya que podrá invadir los mercados, como en los regímenes de control y represión.
Otorgan plazo de 72 horas al Gobierno, hasta el jueves 21, para anular el paquete combo de las leyes: 1.359 de emergencia sanitaria, 1.387 de Carrera de generales y Ascensos de la Policía Boliviana, 1.390 Fortalecimiento para la lucha contra la Corrupción, 1.398 Registro de Comercio, PL 253 INE Estadística Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, PL 027 Servicio Plurinacional de Derechos Reales, Instructivo de UIF a Notarios, pues se está criminalizando la informalidad y convirtiendo al vecino o amigo en delator o TRAIDOR y se vulnera la propiedad privada, el debido proceso y la presunción de inocencia, consagrados en la Norma Suprema.
Luis Arce Catacora, por mandato de la Constitución, tiene como primera función cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los oficialistas abrogaron el Código Penal, pero después lo han ido implementando de a poco. El gobernante NO debe amenazar con “vamos salir a combatir a las calles”, ¿el pueblo es su enemigo?
Exigimos que el gobierno haga la investigación de fortunas a servidores públicos, no llamar “golpistas de la derecha” al pueblo soberano, que se dedica al trabajo por cuenta propia, por la falta de generación de empleo de parte del gobierno.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.