Es natural que las naciones del mundo depositen su confianza en los organismos internacionales en demanda de auxilio ante injusticias de la autoridad o atropellos de los particulares. Lo propio ocurre y con mayor necesidad en el continente americano, dividido y confrontado en polos políticos opuestos. Se confía en estos organismos por considerarlos fieles a sus misiones y principios. Si los contravienen desaparecería su razón de ser. Sin embargo, determinados organismos incumplen sus objetivos de equidad, restándose credibilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA, en no pocas ocasiones incumple su mandato con franca y sistemática parcialidad. El sector opositor al gobierno de Luis Arce lo testifica. Con anterioridad y cuando ejercía el mando el señor Evo Morales, la oposición empezó a experimentar esa actuación, pese a constituir la parte débil. Estos organismos tienen independencia de decisión y se rigen por normas estatutarias, pero, sobre todo, se deben al espíritu de su creación y a sus principios sustanciales que no pueden ser otros que la imparcialidad, la justicia y la ponderación. Alejarse de esas condiciones los desvirtúa, logran descrédito de sí mismos y de la institución de la cual forman parte, la OEA en este caso. Llama la atención la fuerte penetración política no disimulada, plasmada en sus fallos y decisiones. No podemos generalizar, pero lo demuestra la CIDH.
Preocupa la falta de sensibilidad por el rechazo a medidas cautelares solicitadas por la ex presidenta Jeanine Áñez, recurso sustentado en el peligroso estado de su salud, la severidad carcelaria que se le aplica pese de la evidencia de sus dolencias y el martirio de una detención prolongada sin visos de finalización dentro de multiplicados juicios ordinarios, sin aporte de pruebas incriminatorias. Su pedido a la CIDH obedecía a poder defenderse en libertad. La presión psicológica instrumentada por el gobierno es tan fuerte que Áñez, desesperada, intentó quitarse la vida.
Nos referiremos a algunos casos de parcialidad de la CIDH a favor del partido de Evo Morales, a diferencia de la denegación o diferimiento de lo solicitado por sus contrarios. Se cita algunos, entre otros, sin comentario. Insertamos algunas identidades a manera de ejemplo, todos ellos favorecidos con medidas cautelares: Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, Nelson Cox, actual Viceministro de Régimen Interior y a una alcaldesa perteneciente al MAS, militancia compartida por los nombrados. La CIDH concedió estas medidas casi instantáneamente. En cambio, fue diferida sin término la solicitud de Waldo Albarracín, ex Rector de la UMSA, sin consideración a quien se le incendió su casa y su hijo sufrió herida de bala. No obstante Albarracín haber presentado su solicitud con anterioridad, se la concedió preferentemente a otras personas y no es el único caso.