¿Por qué la empresa estatal YPFB desplaza técnicos bolivianos para reemplazarlos con venezolanos que perciben salarios superiores a la remuneración del propio presidente del Estado Plurinacional? Mientras destierra a trabajos marginales a especialistas cruceños y paceños por no estar en las listas azules o expulsa a personal experimentado.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, desde su fundación, fue parte del imaginario de los héroes que dejaron su sangre en el Chaco. En los años 30, el gobierno envió a estudiantes bolivianos para que se capaciten y se incorporen en las tareas de exploración y explotación. Alrededor de ese desafío se desarrollaron figuras como las de Dionisio Foainini Banzer, fundador de YPFB; Alberto M. Vásquez, becado a Argentina y a Estados Unidos que regresó a la patria para contribuir a la empresa en sus años de gloria, pionero en la industria del petróleo y mecenas cultural; o José Estenssoro Ackerman, especialista cotizado por las otras empresas petrolíferas del continente.
Seguramente esos ejemplos son imposibles en Bolivia desde 2006. Sin embargo, cómo es posible que en 15 años tampoco exista personal capaz de dirigir la Planta de Amoniaco y de Urea. ¿Dónde están los técnicos que supuestamente tenían que ser capacitados por los coreanos para atender la obra de ¡953 millones de dólares!
En 2017, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguraba que la planta de la firma coreana Samsung Engineering Co. iba a cambiar la historia de Bolivia: «el agro, la economía, el concepto de industrialización». Sin embargo, los especialistas y varios periodistas como Humberto Vacaflor cuestionaron desde un principio la solidez del proyecto, su ubicación alejada de las zonas de agroindustria. Los problemas comenzaron pronto.
El pasado 6 de septiembre, el presidente Luis Arce relanzó la planta que estuvo paralizada más de un año, acusando al anterior gobierno por pérdidas millonarias. Pronosticó que la PAU es un símbolo de la recuperación económica, un ejemplo del cambio y una garantía para la seguridad alimentaria. Un mes después voceros de YPFB admitían que la planta trabajaba con una baja producción por la falta de demanda. Los antiguos desajustes retornaron y la planta sigue con sus deficiencias originales.
Un decreto firmado por Evo Morales autorizaba una escala salarial especial para el personal de YPFB en consideración a la especialización de los operadores. Aun así, los ingenieros petrolíferos bolivianos ganan un salario muy por debajo de sus pares en el continente.
En vez de mantener a bolivianos, YPFB contrata a más y más venezolanos con salarios muy superiores al promedio nacional. No figuran sus nombres en el portal de YPFB y no se sabe si han realizado sus declaraciones juradas de ingresos y rentas, como todo funcionario público, ni qué impuestos pagan ni dónde los tramitan.
Un boliviano con 20 años de experiencia gana menos de tres mil dólares; un venezolano chavista más de 10 mil; un hindú gana más de 25 mil dólares mensuales, 172, 500 Bs. El gobierno justificó el contrato porque se necesitaba «tecnólogos» internacionales. ¿Cuándo publicaron la convocatoria? ¿Cómo los reclutaron? ¿Por qué son venezolanos? ¿Son parte de la descalabrada PDVSA? ¿Qué hacen realmente en el vértice del circuito coca-cocaína?
Por ello, como sucedió con pilotos experimentados del LAB y con otros profesionales, muchos bolivianos se van a dar sus servicios a países lejanos. Es la migración silenciosa que provoca la política del MAS y sus aliados para vetar a los funcionarios no militantes. ¿Alguien calcula cuántos especialistas se van cada día?
Sueldazos para los no bolivianos
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