El principal desafío que tenemos los países de América Latina es desarrollar y consolidar una “institucionalidad” en todos los niveles del Estado, que funcione como catalizador de políticas públicas comunes, como factor preponderante para impulsar una región más productiva, integrada e inclusiva.
Esta idea fue uno de los pilares que manejó el Foro Económico Internacional de Las Américas organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), desarrollado hace unos días y que congregó a representantes tanto del sector público como privado de 25 países latinoamericanos, que se unieron una vez más en estrechos lazos de hermandad, para analizar la situación de la economía y las perspectivas de cara al 2022, en momentos sumamente complejos en los que todos los esfuerzos se destinan a la reactivación, tras los efectos negativos provocados por la pandemia que golpeó la economía a escala mundial.
Entre algunos datos que fueron revelados en el evento se estableció que durante la gestión 2020 los países de América Latina y el Caribe recibieron una inversión extranjera directa de 105.480 millones de dólares, menor en más de 56.000 millones respecto al 2019, abrupto descenso de las inversiones provocado por la pandemia, y requerirá un profundo proceso de transformación en los países para modernizar las economías y generar nuevas oportunidades de empleo e inclusión en medio de la cuarta revolución de la economía, más conocida como Economía 4.0.
Otro de los datos más relevantes presentados en el foro fue el crecimiento económico promedio en América Latina y el Caribe, que llegó a 5,2% en lo que va de este año (efecto rebote de la economía) y que el 2022 llegue solo al 2,9%. Este panorama deberá motivar a los gobiernos a ejecutar políticas públicas que transformen las dificultades en oportunidades, y así impulsar la sostenibilidad.
La región espera que los flujos de inversión sirvan para impulsar el potencial crecimiento de los países receptores, porque tienen la capacidad de mejorar y crear empleo; diversificar las exportaciones y transformar la estructura productiva. Por eso, varios gobiernos aplicaron políticas para atraer esos recursos con la generación de programas de promoción de inversiones y un amplio menú de incentivos.
Este evento expuso con claridad las oportunidades para la región en la transición hacia energías renovables; la electromovilidad en las ciudades; la revolución digital; el comercio electrónico; la manufactura de salud; la bioeconomía; la economía circular; la logística inteligente y el turismo sostenible.
El desafío es complejo por las características y la magnitud de la crisis, pero sin duda todos los esfuerzos deben ser destinados a generar mayor productividad, formalidad e innovación tecnológica, complementada por una política pública transparente y dinámica, que vaya al ritmo de las empresas.
Es necesario que todos entendamos que solo los países con instituciones transparentes, competentes, técnicas e independientes del poder político podrán competir en una economía globalizada que requiere respuestas rápidas y resilientes.
Los participantes en el evento internacional afirmaron que el crecimiento económico del mundo fue gravemente afectado por la pandemia, que lo dejó en una situación crítica. Esto nos impuso retos para aprovechar lo que tenemos, buscando soluciones apoyados en la unión, la integración y la colaboración.
Bolivia, como la bisagra de dos mercados gigantes: Mercosur y la Comunidad Andina, si logra además incluirse en la nueva ruta de la seda, tiene grandes posibilidades de crecimiento y atracción de inversiones, así como redefinirse en un contexto global. Por todo esto debemos instar a los actores públicos y privados a definir el rol económico que el país deberá desempeñar en el mundo global.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).