Según del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, la deuda interna en 2010 fue de Bs.31.831 millones, subió a Bs.44.277 millones hasta 2019. Las cifras muestran que hasta diciembre de 2020 estas obligaciones ascendían a Bs.71.039 millones y al 31 de agosto de 2021 llegó a Bs.83.021.4 millones. En 8 meses aumentó en Bs.11.982,2 millones, un 16,8%, para financiar el déficit por el gobierno de Morales. Y ahora este gobierno incapaz no puede evitar tal declive. La deuda interna entre 2019 y 2020 ya había subido de 44.277 a 71.039, un aumento de 26.762 millones de Bs., un 60,4%.
A octubre de 2020, la deuda interna del Tesoro General de la Nacional llegó a $us.9.322 millones, el principal acreedor es el BCB con 54.6% del total, le siguen los bonos de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). De acuerdo con el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, las obligaciones internas son préstamos que el gobierno contrae con instituciones privadas y públicas, como las AFP y el BCB o con otras instituciones.
Según el informe, en el gobierno de Morales (2006-2019) fueron autorizados diferentes créditos del BCB, principalmente para empresas públicas. Estos créditos, contraídos desde la gestión 2009, fueron realizados a pesar de que la Ley del Banco Central de Bolivia 1.670 de 1995, establece en el Art. 22 que “El BCB no podrá otorgar crédito al sector público, ni contraer pasivos contingentes al mismo”, pero como le meten nomás, no respetan la Constitución ni las leyes.
El informe de Política Monetaria del Banco Central de julio de 2020 detalla créditos del BCB a las empresas estatales: YPFB, Empresa Boliviana de Hidrocarburos (EBIH), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), entre otras firmas estatales deficitarias que solo fueron creadas para satisfacer las demandas de los militantes del MAS, sin tener formación académica ni experiencia.
Los 500 millones de dólares que el BID prestó a Bolivia, es el resultado de gestiones en los primeros meses de 2020, para la pandemia, con un periodo de desembolsos de dos años, periodo de gracia de 10 años y una tasa de interés basada en LIBOR. Ahora que la pandemia está en descenso, este crédito es para financiar el pago de la Renta Dignidad que beneficia a 458.000 personas de manera constante y, circunstancialmente, el Bono contra el Hambre, que benefició a 1.7 millones de personas, que el BCB financia a través de las Reservas Internacionales, que cada vez se reducen.
La deuda externa debe ser para aumentar las Reservas Internacionales (que son nuestros ahorros), pero ahora son utilizadas para EXPANDIR el gasto público, pagar el Bono contra el Hambre y la Renta Dignidad. Estas obligaciones a nivel interno están vinculadas al elevado déficit fiscal que en el año 2020 estuvo por encima del 12% del PIB.
El gobierno intentó seguir con niveles de gasto como en el periodo de altos ingresos, pero al caer éstos, recurre a mayor deuda que puede llegar a ser insostenible y generar presiones inflacionarias, como está ocurriendo en el caso de la carne de Santa Cruz, mientras que los panaderos también pretenden aumentar el precio del pan, alimentos básicos de la canasta familiar. Y es que el “modelo económico social productivo” no cambia la matriz productiva extractivista, por una economía social comunitaria establecida en la Constitución Política del Estado, para dar a los pueblos indígenas y campesinos condiciones productivas que eviten la migración del campo a la ciudad, porque con nuestra diversidad de productos agroecológicos de gran demanda internacional, podemos alimentar al mundo sin necesidad de vender nuestros recursos naturales a Rusia, como pretenden mediante acuerdos sin conocimiento del pueblo.
Esperamos que los 500 millones de dólares que nos presta el BID no sean para pagar sueldos de planillas infladas en 50%, a febrero de 2020, con 526 mil servidores, las empresas estatales de 35.095 empleados y cada año crece en 10%, cuyo porcentaje es el 37% del TGN, con los fantasmas y supernumerarios, cantidad incrementada durante el gobierno de Morales.
Angélica Siles Parrado, Economista, ex Asambleísta Constituyente.