La imputación formal contra cuatro ex jefes militares procesados por el caso denominado golpe de Estado II devela el desconocimiento de la comisión de fiscales a normas y procedimientos militares vigentes en las Fuerzas Armadas (FFAA) manifestaron abogados consultados por EL DIARIO.
En la imputación formal de fecha 17 de septiembre de 2021 contra Gonzalo Jarjury, Jorge Terceros, Flavio Arce y Jorge Mendieta, los fiscales refieren: “Toda vez que acompañó en la conferencia de prensa de fecha 10 de noviembre de 2019 al Gral. William Kaliman Romero donde este último haciendo eco a una decisión consensuada en el Alto Mando Militar ‘sugiere’ al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia que renuncie a su mandato constitucional (sic)”, se lee en el documento.
Al respecto, el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado constitucionalista Jorge Santistevan explicó que si la sugerencia leída por Kaliman hubiera sido consensuada tendría que haber un acta y una resolución firmada por todos los miembros, no solamente por los comandantes de Fuerza sino los del Estado Mayor General y Especial.
“De no ser así esto cae en una calumnia seguida de falsas acusaciones, que los fiscales y denunciantes deberán responder en su debido momento”, dijo.
En ese marco, Santistevan aclaró que el Comandante en Jefe tiene en sus manos la toma de decisiones institucionales de acuerdo a la convocatoria que hace a una reunión del Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA).
“El comandante en Jefe basa sus decisiones en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal Superior del personal de las FFAA que es el CJ-RGA-220 que dice que cuando las deliberaciones y resoluciones del Tribunal sean referentes a temas o asuntos de seguridad nacional, tendrán el carácter de secreto inviolable y serán remitidos mediante conducto regular por intermedio al Comandante en Jefe de las FFAA al ministro de Defensa como representante legal de la institución armada ante los poderes públicos. En cuanto a las condiciones se sujetará a lo prescrito por el artículo 98 de la LOFA”, explicó.
En ese marco, apuntó que si el Ministerio Público observó algo irregular en ese procedimiento tienen que solicitar el acta así como la resolución emitida por un Tribunal que supuestamente se reunió para deliberar la sugerencia de renuncia de Evo Morales.
Aclaró que los Comandantes de Fuerza solamente están para apoyar la toma de decisiones del Estado Mayor junto al Comandante en Jefe.
“Los Comandantes de Fuerza cumplieron una orden del Comandante en Jefe de las FFAA para acompañarlo a la lectura de un comunicado, el cual se desconocía su contenido porque no hubo reunión de Estado Mayor ni de Tribunal Superior de Personal para tratar ese tema. Los comandantes de fuerza no deliberan una orden militar porque según el artículo 13 numeral III del Código Penal: La obediencia jerárquica consiste en acatar la orden superior en actos del servicio, bajo la responsabilidad de quien da la orden, en este caso William Kaliman”, dijo el jurista.
IMPUTACIÓN SUBJETIVA
Por otro lado, el abogado Eusebio Vera que patrocina a los ex jefes militares, Jarjury y Terceros, aseguró que en ninguna declaración de sus clientes ni de los otros militares procesados señalan que la solicitud de renuncia de Evo Morales fue consensuada porque sus normas y disposiciones en vigencia no establecen ese procedimiento.
“Los generales se sienten sumamente indignados porque los fiscales lo único que hacen es subjetivar, hay varias interpretaciones de carácter erróneo y además todo es conjetura porque no hay ningún indicio que fundamente o sustente esa imputación”, lamentó.
Por otro lado, advirtió que la imputación se base en “supuestos” de que sus patrocinados participaron en el retiro de la medalla presidencial, cuando ese extremo no figura en el cuaderno de investigaciones.