La denuncia penal que presentó el jueves la Defensoría del Pueblo en contra de la Iglesia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y la Maternidad Percy Boland, involucradas en la interrupción del aborto que se iba a practicar a una niña de 11 años, que resultó embarazada a causa de una violación, fue admitida, informó ayer el fiscal general, Juan Lanchipa.
Explicó que la denuncia presentada por incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de guarda y adopción, la misma fue admitida por el Ministerio Público y al haberse dirigido contra autor o autores, se encuentra en etapa de investigación para la individualización de los mismos, al efecto se librarán los requerimientos y órdenes que correspondan.
Asimismo, exhortó a la población en general a mantener en absoluta reserva los datos de identidad de la víctima, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1100/2011-R de 16 de agosto, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales de la víctima y evitar su revictimización.
Por otro lado, Lanchipa informó que el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica a través del “Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público”, con la intervención del Ministerio de Salud y Deportes, el Sedes de Santa Cruz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
“El Ministerio Público en el uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 260 decidió que en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales, Código Niña, Niño, Adolescente y leyes como la Ley Nº 458 y Ley Nº 1173 que establecen precautelar el interés superior de la niña, niño y adolescente y la protección reforzada a favor de sectores vulnerables, el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de su salud física y psicológica”, dijo Lanchipa.
PALMASOLA
Asimismo, Lanchipa aclaró que dentro de la investigación por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente previsto en el artículo 308 Bis del Código Penal imputó al presunto autor del hecho y solicitó su detención preventiva en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.