La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 393 que “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda”.
Cuando la economía de Bolivia empieza a recobrar paulatinamente su ritmo –después de la crisis sanitaria a nivel mundial, como es la pandemia, la corrupción y el despilfarro de los 14 años del gobierno del cocalero–, otra pandemia se desató, como el avasallamiento de los que pretenden asentarse (identificados como interculturales, antes colonizadores, que responden al MAS) en tierras fiscales, tierras comunitarias y ahora en tierras productivas, para deforestar unos, con el afán de sembrar coca destinada al narcotráfico, que hoy azota a nuestros jóvenes por el consumo de la cocaína, y otros quieren terrenos para el engorde y después venta.
Fundación Tierra denunció que el INRA otorgó 1.400 autorizaciones para el asentamiento de nuevas comunidades en Santa Cruz entre 2014 y 2019, pero que se escondió sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios. Se presume que son ex reos los que se beneficiaron.
En septiembre se denunció el asentamiento ilegal y en un cabildo se dio plazo para su desarticulación, porque esos grupos criminales ya habían dejado heridos de bala y machete, pero el gobierno no cumple con su trabajo y pasó al olvido esa alerta.
El 23 de octubre se denunció que hubo avasallamiento a un predio privado en las Londras, se pidió verificar los perjuicios que dejan los avasalladores en la provincia Guarayos en el Departamento de Santa Cruz, sin embargo el gobierno tardó una semana en enviar policías al lugar. El 27 de octubre llegaron al predio para constatar el avasallamiento, videos muestran que fueron sorprendidos por un grupo armado de 70 encapuchados que hicieron disparos y emitieron amenazas en el momento de retenerlos. Con armas de fuego, armas punzo cortantes y machetes atacaron, los pusieron en el suelo y ahí los golpearon. Tomaron como rehenes a 21 personas, entre policías, trabajadores y periodistas, los torturaron y luego los secuestraron durante 7 horas. Según testimonios de periodistas: “Nos dispararon alrededor de los pies, nos pusieron boca abajo, dispararon a las cámaras”. Al Sargento Rider Condori lo reconocieron y lo querían matar, por los golpes tiene tres costillas fisuradas. Se vio a ex reos entre los avasalladores.
Estas organizaciones criminales han sido entrenadas para operar en el área rural, como grupo de asalto, con buenas condiciones físicas y preparación militar para el uso de armas. Empezaron con disparos sorpresivos en las llantas, emboscaron a los que estaban en la caravana y los secuestraron. Dos días después recién llegó la policía al lugar, cuando ya los criminales escaparon y solo encontraron un campamento con cartuchos de dinamita, machetes, bombas caseras. Una persona dijo que solo “querían asustarlos”, pero no se la detuvo, ni siquiera para investigación.
Existe evidencia de que delincuentes armados toman propiedades, roban ganado, en algunos casos ensangrentaron a sus propietarios con la intención de quitarles sus tierras. Secuestran personas sin recibir, hasta el momento, acciones contundentes y ejemplificadoras que las leyes prevén ante estos actos delictivos, causando terrorismo entre los productores agrícolas, que son de más de una decena de asociaciones. Como estos delitos van en aumento, nos preguntamos si se cumple la orden del cocalero: “volver a Bolivia a organizar milicias armadas como Venezuela” (?).
El gobierno es veloz para perseguir a los opositores (al soberano que se expresa en las calles), sentenciarlos y meterlos a la cárcel en tiempo récord, como a los jóvenes de la Resistencia Cochala, sembrando pruebas, como lo hicieron en el Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Exigimos eficiencia para perseguir a los cabecillas de estas organizaciones armadas que operan en Santa Cruz. También que el Director del INRA cumpla su función constitucional de hacer respetar la tierra territorio, contra los avasallamientos y asentamientos ilegales que hoy están campeando en Santa Cruz, porque son cometidos delitos de secuestro, tortura y tenencia ilegal de armas de fuego.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.