Antes los hechos suscitados por avasallamiento, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) solicita al presidente del Estado y autoridades competentes, en primera instancia, paralización de procesos de verificación del cumplimiento de la función económica social en predios avasallados.
También solicitan la emisión de medidas precautorias de prohibición de asentamientos ilegales y desalojo en el área de la reserva forestal Guarayos y, por último, el desalojo de todos los asentamientos ilegales, ya que aseguran que lo más importante para todos los bolivianos es la seguridad e integridad de la vida.
“Los últimos acontecimientos ocurridos en la zona de Guarayos, donde se ha visto imágenes de acciones violentas utilizando armas de fuego, secuestro, tortura e incluso atropello a las autoridades, demuestra a todos los bolivianos, que estamos ante un inminente riesgo de la vida”, afirmó, Oscar Mario Justiniano Pinto, presidente de la CAO.
A la espera que las acciones solicitadas sean aplicadas de forma inmediata para devolver la tranquilidad en la zona de Guarayos ya que van suscitándose en 3 predios hechos similares sin tener responsables.
Ratificó que desde el mes de junio la CAO creó un comité jurídico acreditado como Control Social, que evidencio la lentitud y burocracia con la que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) lleva adelante los procesos contra avasalladores.
No obstante, en los meses de agosto y septiembre se denunciaron públicamente todos los atropellos que sufrían los productores afectados, cada vez que los predios eran atacados por grupos irregulares y solicitaron al gobierno nacional ejecute acciones concretas en el tema a fin de controlar una posible espiral de violencia, producto de tantas irregularidades e impunidad a cargo de grupos armados.