“La prevalencia de condiciones de informalidad permite a las organizaciones criminales y terroristas la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito y subsistir permanentemente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados” se lee en uno de los anexos de la Ley 1386.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé manifestó que después que el Gobierno retrocedió con el proyecto de Ley de Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, sacó su “Plan B”, que es la Ley 1386, cuyo artículo primero decreta aprobar la estrategia Nacional de Lucha Contra las Ganancias ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
A través de sus redes sociales, el jurista apuntó que el artículo segundo de la Ley 1386, aprobada la madrugada del feriado del 2 de noviembre, da por aprobado la estrategia y anexos, en la que considera está el “entramado” jurídico de control.
Aclaró que la trampa de la ley está en sus anexos y los Decretos Supremos que pueden emitir el gobierno, incluso sin respetar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la independencia y separación de poderes.
Ley 1386 es “Plan B” del proyecto de norma contra ganancias ilícitas
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