La Constitución Política del Estado establece en el Art.241.II que “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Art. 242.1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado”. Sin embargo, este mandato constitucional en el gobierno de Arce NO se cumple.
Hoy 8 de noviembre se cumple un año de la “gestión” de Luis Arce, como sociedad civil evaluamos lo siguiente en el Ejecutivo: 1) En salud, ante la pandemia NO cumple con brindar información, se desecha vacunas. 2) Los medios estatales y algunos privados pagados siguen en campaña para imponer la mentira del “golpe”, tratando de cambiar la historia que vivió el pueblo cuando el cocalero hizo fraude y al verse descubierto renunció y escapó, dejando vacío de poder. 3) En economía, sigue el extractivismo con su plan de economía social productiva, solo quema bosques para sembrar coca con sus milicias armadas, con disfrazados de “interculturales” avasallando tierras privadas, de indígenas y reservas naturales. 4) En la reunión en Glasgow, Escocia, COPP 26, Arce NO firmó el acuerdo para evitar las quemas forestales, porque acelera políticas públicas a favor del extractivismo. Son incendiadas y motivo de ecocidio las Aéreas protegidas, Territorios Indígenas y Bosques en general, con actividades como monocultivos, transgénicos, biodiesel, envío de carne a Rusia, lo que causa alza del precio.
En el Órgano Legislativo: 1) el Ejecutivo manda paquetes de leyes inconstitucionales cumpliendo con el Adendum del Alba. 2) La Ley 342, “Plan Nacional Económico social”, fue aprobada con varias violaciones al reglamento de debates. 3) Controla la sociedad, la economía, la justicia, a través de decretazos. Indica que se regirá por decretos, dando suprapoderes al presidente, porque el Art. 4 afecta a las autonomías. Definirá en qué deben gastar universidades, alcaldía y gobernaciones. Con decretazos presidenciales harán aplicar esta norma, además que en un plazo de 180 días obliga a someterse al Plan, sin diálogo ni consenso, al contrario de lo que establece la Constitución en el Art 316. Dicha ley inconstitucional fue aprobada con varias violaciones al reglamento de debates del Senado.
En el Órgano Judicial: 1) NO cambia a los jueces y fiscales corruptos, les ordenan “sembrar pruebas” contra la ciudadanía que salió a las calles a exigir cumplimiento de la Constitución y las leyes. Amedrentando y persiguiendo, los toma presos por meses, violando la presunción de inocencia y el debido proceso. Da al Ejecutivo un suprapoder, por encima de la Constitución. 2) El Fiscal general no investiga los casos de quemas de casas, saqueos de negocios, dinamitazos de pasarelas, baleaduras a caravanas. No citan a los autores del atentado en Senkata. 3) El Ministro de gobierno y el comandante Aguilera protegen a los Satucos y Columna sur que agreden a activistas por las protestas en las calles. Pasó más de una semana desde que los interculturales entraron a las Alondras, secuestraron periodistas, policías y campesinos y no son desarticuladas estas milicias. Por el contrario, las protegen, ya que hasta ahora no hay detenidos.
Además, la aberrante ley 342, dispone “la irrupción del orden constitucional, culmina en noviembre de 2019 con la asunción de un gobierno de facto”, la misma NO puede introducirse en una norma de carácter económico, es una aberración jurídica, claramente para someter al pueblo soberano para convertir a Bolivia en otra Venezuela o Cuba, lo que no permitiremos.
Exigimos al gobierno de Arce la abrogación de las leyes inconstitucionales, porque el pueblo en su año de gestión realizará un paro indefinido, hasta que se cumpla la Constitución.
Angélica Siles Parrado, Economista, ex Asambleísta Constituyente.