A mediados del mes pasado, el Senado sancionó la Ley del Presupuesto 2022 que llega a más de 235 mil millones de bolivianos y su realización está supeditada a que el 40 % del dinero se financie con deuda interna y externa.
Es mucha plata la que necesitamos para hacer realidad proyectos y otras actividades que apuntalen el crecimiento de la economía. El sector privado puede financiar parte de estos recursos, si existen las condiciones necesarias.
Del total del presupuesto para el próximo año, aproximadamente 35.000 millones de bolivianos (unos 5.015 millones de dólares) serán destinados a la inversión pública. El 42.5 % se destinará a proyectos productivos, casi el 30 % irá a infraestructura, el 17.2 % a proyectos sociales y el 10.5 % a proyectos multisectoriales. El financiamiento para estas inversiones provendrá de recursos externos (43 %) y recursos internos (57 %).
Y las necesidades del país son muchas. Solo enumeramos algunas. Existe el riesgo de que nuestros ingresos por las ventas de gas a Argentina y Brasil se reduzcan por la imposibilidad de satisfacer la demanda de ambos países, a lo que debemos agregar el riesgo de penalidades y la pérdida del mercado.
Si se hace realidad el proyecto que desarrolla Argentina, con sus reservas de gas natural en Vaca Muerta, para atender los requerimientos del Brasil, podemos llegar a perder ambos mercados y tendremos que buscar nuevos ingresos para el fisco.
Desde 2016, señala la fundación Milenio, el valor de las exportaciones de minerales supera al valor de las ventas de gas.
Mario Justiniano, presidente de la CAO, muestra otro ejemplo de la caída del valor de las ventas de gas, al informar que después de 16 años, el rubro agropecuario está por encima de los hidrocarburos.
Estos indicadores deben impulsarnos en dos direcciones para mejorar la economía: Trabajar para elevar las reservas de gas y dar mayor importancia a la producción agropecuaria.
El Presupuesto General del Estado 2022 proyecta recaudar por ingresos tributarios 50.470 millones de bolivianos, que será inferior a los gastos programados en sueldos, salarios, aportes a seguridad social y beneficios sociales del aparato estatal, que llegan a 51.504 millones de bolivianos.
El incremento de las obligaciones de la deuda externa reduce las expectativas de crecimiento del PIB, que podría llegar como máximo al 4%.
Debemos tomar las previsiones para evitar ingresar en una deflación. Ya el año pasado tuvimos dos meses con inflación negativa.
Asegurar el crecimiento del país también demanda cuidar los niveles del déficit fiscal. Debemos tomar en cuenta la calificación de Moody’s, que coloca al país entre los de crédito cuestionable, con un puntaje de B2.
También debemos considerar aspectos no económicos, que están entre las prioridades del Gobierno, como mejorar los índices de vacunación, y ofrecer un ordenado y seguro retorno a clases.
Un factor no tan visible pero que ya debe ser tomado en cuenta es la reconversión energética de las empresas –ante una posible futura escasez de gas– hacia la energía eléctrica convencional y las energías alternativas y limpias.
El PGE 2022 prevé un déficit fiscal del 8 %, que en términos absolutos alcanza a 24.069,5 millones de bolivianos (3.458 millones de dólares). El total de ingresos suma 148.662,5 millones de bolivianos y los gastos alcanzan a 172.732 millones de bolivianos.
El gobierno también tendrá que enfrentar un dilema respecto a muchas empresas estatales deficitarias: cerrarlas porque no tiene dinero, o seguir financiándolas pese a que no son rentables, por mantener una imagen política.
El año pasado, informó la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, 426 empresas cerraron su matrícula de comercio en Bolivia; por lo menos 139 de ellas (un 33 %) corresponden al departamento de La Paz. Este departamento encabeza el cierre de industrias en el país. Esta pérdida de industrias fue un 14 % más que en 2020.
Ingresamos al 2022 con grandes desafíos para la empresa privada, esperando que se pueda hacer realidad el diálogo gobierno-empresarios, que lo venimos planteando hace tiempo.
Se debe generar medidas articuladas entre los sectores público y privado, con miras de fortalecer el comercio exterior boliviano y coadyuvar en la lucha contra el contrabando.
El gobierno prevé elevar este año sus recaudaciones tributarias en 12,1 % y los empresarios esperamos que este aumento sea fruto de una ampliación del universo tributario y no solo una mayor carga tributaria al cada vez más reducido sector formal de la economía nacional.
Asegurar el crecimiento del país y recuperar los niveles de producción perdidos por la pandemia demandará del trabajo conjunto del gobierno, los trabajadores y empresarios. Sin un acuerdo conjunto que llegue a consensos, no podremos encontrar soluciones para los problemas del país. Si se excluye a una de las partes de esta triada solo se creará mayor desconfianza en la recuperación económica, con efectos negativos para el país.
Afrentemos este 2022 juntos, trabajando en armonía, respetando las ideas, sin discriminación, definiendo reglas claras que las deben cumplir todos, respetando la propiedad y ofreciendo seguridad jurídica. Así, todos ganamos.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).