La situación de los “presos políticos” que fueron enviados con detención preventiva “sin ninguna prueba” o “argumento lógico”, no cambiará este año porque los jueces y fiscales se convirtieron en el “brazo operador del Ejecutivo”, manifestó el abogado Eusebio Vera.
“No hay argumentos ni fundamentos, lógica fáctica, sustento de nivel jurídico para que todos (expresidenta, exministros, exjefes militares, exlíderes cívicos y otros) los que están detenidos preventivos, estén en esa situación”, advirtió.
El jurista aseguró que si los jueces y fiscales fueran probos y la justicia fuera imparcial, ningún caso en el que se encuentra el Estado boliviano, como denunciante, prosperaría.
“Lamentablemente hay una fuerte intromisión del Órgano Ejecutivo al Órgano Judicial, todo eso hace que los jueces y fiscales sientan hasta temor, ya que se sienten fuertemente sometidos a lo que diga el Ministerio de Gobierno, el procurador, el Ministerio de Justicia o cualquier otro ministerio”, advirtió.
Lamentó que temas jurídicos tengan una gran influencia política y que este extremo no cambie, pese a la demanda de la sociedad. Aseguró que los operadores de justicia tienen que cambiar inicialmente de actitud, valorar a la justicia como algo axiomático porque es un valor.
“Todos los días se ve a asambleístas, ya sea diputados o senadores, que opinan de algo jurídico, de algo relacionado con la justicia, cuando esas no son sus competencias y atribuciones, ellos tienen sus propias competencias y no es la justicia, a ellos se les ha dado la labor de legislar, de normar, administrar y de fiscalizar la cosa pública no de fiscalizar la justicia. Mientras eso no cambie será difícil que haya cambios el 2022”, dijo.
PRESOS POLÍTICOS
Para Vera, que patrocina a dos exjefes militares, los procesos de golpe de Estado I y II que se les sigue a la expresidenta Jeanine Añez, exministros, exjefes policiales y militares, entre otros, no tienen asidero jurídico.
Aseguró que el Ministerio Público no tiene pruebas contundentes que prueben que cada uno de los imputados haya cometido los ilícitos que se les atribuye. Sedición, conspiración y terrorismo, en el primer caso, y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución en el segundo, este último ya tiene acusación formal.
Lamentó que en el caso golpe de Estado I, que ya casi tiene un año de investigación, no se haya llamado a declarar al principal denunciado, extremo que en su criterio demuestra que no quieren llegar a la verdad histórica de los hechos.
Asimismo lamentó que sus patrocinados y los otros exjefes militares sean procesados dos veces por el mismo hecho, cuando la Constitución Política del Estado establece lo contrario.