Durante el acto de inauguración del año Judicial y Constitucional 2022 en la ciudad de Sucre, el presidente del Estado Luis Arce Catacora, sostuvo que se debe evaluar objetivamente la situación de los administradores de justicia y que una reforma de este Órgano es una asignatura que todavía está pendiente.
El Primer Mandatario manifestó que el inicio de actividades judiciales y constitucionales para esta gestión, se constituye en un hecho de suma importancia para analizar el estado actual de la justicia, “cuya transformación es, todavía, una asignatura pendiente”.
Arce sostuvo que actuales estudios reiteran la presencia de problemas en el funcionamiento del sistema judicial boliviano, hecho que perjudica a gran parte de la población para beneficiar a pequeños grupos.
“Las estadísticas confirman la existencia de problemas que se repiten cada año, sin encontrar una posibilidad de solución. Este modelo de gestión judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente; privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría”, afirmó.
Sobre la anhelada reforma a la justicia, la autoridad manifestó que esta posibilidad se convierte en un gran desafío para evitar que el desprestigio y la desconfianza de la población terminen de desacreditar al actual sistema de justicia nacional, por lo que existe el compromiso de llevar adelante estos cambios con la participación de todos los sectores.
“Tenemos el enorme desafío de reformar la justicia y evitar que caiga definitivamente en el abismo de la desconfianza y condena de la población. Por eso, ratificamos nuestro compromiso de avanzar en el proceso de reforma judicial con la participación de todos los sectores”, dijo.
Finalizó señalando que el acceso a la justicia se asemeja en importancia al derecho a la salud o la educación, pues es una forma de proteger la libertad, la dignidad, el honor, la propiedad y otros derechos esenciales de la persona, individual y también como parte de una sociedad.
A lo largo de la pasada gestión los cuestionamientos de sectores opositores estuvieron centrados en la manipulación de la justicia por parte del poder central con la finalidad de perseguir a ciudadanos políticos y exautoridades, de la misma forma, estas observaciones se vieron reflejadas en informes de organismos internacionales que denunciaron una falta de independencia en el sistema de justicia boliviano.