Una de las mayores preocupaciones de cualquier gobierno es y debe ser el lograr que su población económicamente activa pueda acceder a un empleo digno y permanente. Para el Gobierno del presidente Arce este 2022 el desafío debe ser no solo reducir el desempleo y la informalidad –esta última, la mayor de américa latina– sino especialmente insertar al ámbito formal al mayor número posible de trabajadores, lo cual no será posible sin una sinergia clara entre el sector público y privado.
El tema del covid-19 y su cuarta ola también debe ser un objetivo primordial de salud para la sociedad, los empresarios y el Gobierno.
Está claro, y como Cámara Nacional de Comercio de Bolivia lo dijimos tantas veces, que los factores de la informalidad tienen como consecuencia:
a) El aumento desmesurado de la economía informal hace que Bolivia sea el país con la mayor tasa de informalidad (de casi 80 % en el área urbana) en América del Sur y muy por encima del promedio de América Latina.
b) Uno de los efectos graves del mercado laboral informal es la concentración de la masa de trabajadores bolivianos en la economía informal.
c) Un mercado laboral que premia la remuneración del trabajo no calificado, por encima del trabajo calificado, tiene consecuencias de largo plazo en el mercado laboral nacional.
d) Los altos costos laborales comportan una pérdida de competitividad.
e) Los fuertes incrementos salariales en el sector público inciden en el alto déficit fiscal del Estado.
f) Es fundamental que los trabajadores en Bolivia estén protegidos por normativa clara, no por leyes que carecen de practicidad.
Establecer una dinámica laboral clara, inclusiva, derivada de una política de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del covid-19, es fundamental.
Un criterio similar fue expresado por Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), quien remarcó que el riesgo económico de este 2022 es el posible aumento de los niveles de desempleo y subocupación. “El desempleo es, sin duda, la mayor amenaza. Para octubre de 2021, las cifras oficiales reportan 236 mil desocupados; es decir, 43.000 más que en 2019. Esto se vuelve más crítico si consideramos la subocupación”.
Según el análisis de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, debido a la pandemia todas las actividades económicas formales e informales se vieron afectadas, más de 300.000 empleos formales se perdieron en el transcurso de la pandemia.
Una encuesta encargada por Página Siete a la empresa Cultura Interactiva revela que el 67 % de los encuestados aseguran que vive con menos de 3.000 bolivianos mensuales y el 44,5 % que sus ingresos no le alcanzan para pagar gastos.
Según la CEPAL, el término sector informal abarca “todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en entornos sociales en los que sí están reguladas actividades similares”.
Con el término genérico de economía informal se distingue cuatro subformas: la economía ilegal, que abarca la producción y distribución de bienes y servicios prohibidos por la ley; la economía no declarada, que son las acciones que “soslayan o evaden las normas impositivas establecidas en los códigos tributarios”; la economía no registrada, que comprende las actividades que transgreden los requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de declaración; y la economía sumergida, que abarca las actividades económicas que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que rigen las “relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social”.
Es cierto que el Gobierno tiene programado aproximadamente 35.000 millones de bolivianos (unos 5.015 millones de dólares) para la inversión pública. Y, como el 43 % de estos recursos debe provenir de fuente externa, existe el riesgo de que no se ejecute en su totalidad.
Seguiremos insistiendo en la propuesta: es aquí donde entra el sector privado con su inversión. Lo señaló de manera clara Luis Barbery: el 2020, la inversión total llegó al 15 % del PIB, del 20 % que era en años anteriores. “Aunque el presupuesto 2022 anticipa una lenta recuperación de la inversión pública, estará limitada por el financiamiento. Los empresarios pedimos el urgente retorno a un clima de paz y convivencia, disminuyendo el enfrentamiento y la polarización política. Bolivia por tanto, no puede estar al margen de los avances y debates de las nuevas tecnologías, los desafíos del futuro del trabajo en América Latina y sus proyecciones, la sustitución tecnológica del trabajo y las migraciones tecnológicas de mano de obra e intelecto calificado; de la creación y generación de nuevas ocupaciones y nuevos empleos, de la transformaciones de ocupaciones y empleos a distancia, los trabajos por jornada o por horas, la visión integrada, los nuevos modelos de negocio y generación de empleo virtuales. La posibilidad de trabajar por turnos en el sector público que requieren de mucha institucionalidad pública y privada”.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).