En lo sociopolítico, el gobierno del MAS con aguantArce persiste en la violación a la Constitución, el Debido Proceso y la Presunción de Inocencia, al encarcelar a Jeanine Añez y los más de 45 detenidos y procesados sin pruebas, solo con suposiciones sobre terrorismo, sedición y conspiración. Ya son 11 los meses de estar encarcelados, solo por la venganza al ser descubiertos en el megafraude y huir para no ser investigados ni procesados.
El director del Observatorio para los Derechos Humanos para las Américas, José Miguel Vivanco, expresó “las ordenes de captura contra Añez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de la comisión de delitos”
Cívicos de los 9 departamentos, Plataformas y hasta afines al MAS protagonizaron dos paros, con marchas, bloqueos del soberano, quw obligaron al Gobierno a retroceder en el proyecto de ley 218 y en la Ley 1386, Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”, una Ley que coartaba los derechos constitucionales de las y los trabajadores, sean públicos o privados, menos para los cocaleros, contrabandistas y mineros depredadores del medio ambiente.
Por otro lado, la Opinión Consultiva resolvió que “la Reelección NO es un derecho Humano”, después que el Referéndum del 21F dijo NO a la reelección de Morales, pero el cocalero se postuló y al ser descubierto el megafraude del año 2019 huyó de Bolivia, pero sigue gobernando, porque le ordena al mandatario conocido como Tilín cómo tiene gobernar.
Organismos internacionales le observaron al Gobierno del MAS, por la falta de independencia de la justicia, pidieron que se ajuste el sistema legal, pero el ministro Iván Lima actúa como el inquisidor de los que piensan diferente, ya que con su brazo coercitivo, instrumentalizo a la policía durante los conflictos sociales, y dos personas aparecieron muertas en sus celdas. Uno de ellos era Cristofer, un reo que fue golpeado en la cárcel de Chonchocoro, en un “bus de torturas”. Otra víctima fue María Fernanda, una joven que murió en una EPI, a donde fue llevada pese a no haber cometido delito.
La Policía durante el conflicto de Adepcoca reprimió a las bases y encarceló a dirigentes contrarios al MAS, asaltando un predio privado para consolidar a la “Confederación” de cocaleros. Finalmente las bases con lucha incansable recuperaron su sede que había sido tomada con apoyo del gobierno.
En lo socioeconómico, hubo daño económico al Estado, que NO prescribe, por el incumplimiento del Referéndum del 21F, las primarias y la elección del 2019, porque la habilitación del cocalero Morales para que participe en elecciones generales fue ilegal, al ser descubierto el fraude, y tener las Nuevas Elecciones del 2020 serios indicios de otro fraude. Sin embargo, hasta ahora el TSE no responde a las demandas sobre Auditoría a las elecciones de 2020 y sobre la necesidad de un nuevo Padrón electoral.
Lamentablemente, en el oriente en septiembre periodistas y productores de la zona fueron tomados como rehenes, para apropiarse de tierras privadas productivas, como Las Londras, por colonizadores, hoy “interculturales masistas”, para comercializar o sembrar coca, como lo están haciendo en tierras declaradas fiscales. Pero hasta ahora no encontraron a los secuestradores, a pesar de que los cabecillas declararon que solo se trato de causas susto a los retenidos.
En cuanto al avasallamiento de los territorios indígenas en tierras bajas, los colonizadores masistas, hoy “interculturales”, cuentan con avales del gobierno en sus aéreas adyacentes. Ellos solo están para el aprovechamiento de recursos forestales y recursos naturales no renovables del lugar, no respetan el “derecho a la consulta previa, libre e informada para el desarrollo de actividades mineras, hidrocarburíferas y de generación de energía eléctrica. De lo que se trata es de continuar con su modelo rentista y depredador que está destruyendo Bolivia.
Recordemos que por los hechos de corrupción masista fue detenido el entonces ministro de Desarrollo Rural, Edwin Charayo, cuando recibía soborno de $us.20.000, pero se desconoce en qué estado está el proceso. Adrian Quelca, Ministro de Educación, fue destituido de su puesto por tráfico de exámenes de su entorno cercano. En consecuencia, ¿qué podemos esperar de los mandos medios y subalternos que lograron ingresar a cargos públicos solo para realizar campaña y trabajo político con ítems fantasma?
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.