Ante la ola de críticas contra el sistema de justicia en Bolivia, desatada tras la aprehensión del juez Rafael Alcón, por haber liberado a un feminicida serial, sentenciado a 30 años de prisión, el exdiputado Amílcar Barral, sostuvo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) encubrió siempre a jueces y magistrados corruptos.
El exparlamentario señaló que los hechos irregulares en la justicia boliviana, se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo bajo la protección de autoridades del partido azul. Sostuvo que estas irregularidades fueron denunciadas en su momento sin encontrar respuestas favorables.
“Los masistas siempre encubrieron a magistrados y jueces corruptos e ilegalmente designados, se vendieron más de 169 juzgados en el país, lo denunciamos cuando era diputado; también lo hice a las autoridades actuales como ciudadano”, indicó mediante redes sociales.
Barral detalló que el pasado año se presentaron dos denuncias, la primera el 31 de marzo al Ministerio de Justicia y posteriormente, se remitió una nota el 15 de septiembre al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Ambas solicitudes no fueron atendidas hasta la fecha.
“Nunca hicieron nada, nunca recibimos una respuesta, existen jueces que tienen peores antecedentes que la gente que juzgan”, indicó.
Sostuvo que en 2019, se presentaron más de 200 pruebas para promover un juicio de responsabilidades, sin que las autoridades atiendan estos requerimientos, lo que lleva a sospechar que, desde el oficialismo, se protege a los operadores de justicia señalados por corrupción.
Recientemente, diputados de la oposición y el oficialismo expresaron su rechazo al actuar de algunos operadores de justicia y exigieron que el Consejo de la Magistratura explique la situación de jueces relacionados con fallos que pudieron haber beneficiado a criminales sentenciados.
“La comisión solicitó un informe al ente llamado por Ley en el tema disciplinario, que precisamente es el Consejo de la Magistratura, ellos son los que tienen que responder al pueblo boliviano, sobre la transparencia en la administración de justicia por los operadores de justicia”, señaló la diputada Betty Yañiquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.