Plantean debatir norma contra injerencia política

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, informó que la Sala Plena debatió la idea de plantear una ley especial para reforzar la independencia del Órgano Judicial e impedir que los actores políticos puedan actuar abiertamente sobre el sistema de administración de justicia.
“Se ha debatido dentro la Sala Plena del TSJ. No tenemos una propuesta como Sala Plena para modificar la Ley 025 (del Órgano Judicial), pero valdría la pena reflexionarla y discutirla en los escenarios que se den, por ejemplo, en la Cumbre Judicial”, dijo en el programa la “Mañana en Directo” de la red Erbol.
Indicó que, en este escenario, muchos actores tendrán la posibilidad de plantear propuestas, ideas y, obviamente, si es para el bien del Órgano Judicial, mediante una ley especial, se refuerce la independencia judicial y se garanticen ciertos parámetros de conducta, tanto para operadores de justicia como para actores políticos.
Sostuvo que la injerencia política es un tema recurrente, donde algunos quieren hacer ver al Órgano Judicial sometido y genuflexo ante el poder de turno, y si bien hay algunos operadores que deben ser castigados y apartados por su conducta reprochable, no es de toda la institución.
Recordó que, durante la inauguración del año judicial 2022, pidieron el respeto de los otros órganos del Estado. Considera que la conducta de algunos jueces está en el defecto de creer que le deben el cargo a determinado partido político.
Torres indicó que el poder político siempre busca al Órgano Judicial; acudió antes, acude ahora como si fuera una vocación natural del poder someter al Órgano Judicial sin considerar el daño que se puede hacer a la sociedad si es que ese propósito se consolida.
No es bueno para la sociedad ni para los operadores de justicia que, a la primera presión del poder político, puedan acceder alegremente a los condicionamientos. Por ello exhorta a todas las autoridades judiciales asumir sus funciones con responsabilidad.
Cree que, así como se critica a la justicia, también tiene que existir un reproche ciudadano o mediático a la injerencia política y por qué no con medidas coercitivas a través de una ley.
Recordó que, en el gobierno de Jeanine Añez, el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo se campeaba por algunos tribunales departamentales para interferir de manera abierta y descarada sobre el Órgano Judicial y señalar quien debía ir preso, a quién se debía perseguir, a qué fiscal o qué juez se debería destituir.
Manifestó que el problema radica en que algunos jueces no están preparados para ser administradores de justicia porque no salen de una carrera judicial, sino de convocatorias de 30 días que lanza el Consejo de la Magistratura.
Para la máxima autoridad judicial, todos los jueces deben ser de carrera y egresados de la Escuela de Jueces. Aclaró que actualmente los altos tribunales de justicia del país tienen profesionales de carrera y no es gente improvisada porque en su mayoría han sido presidentes de los tribunales departamentales de justicia.
Consultado sobre la continuidad o no de la elección de magistrados por sufragio popular­, dijo que el problema no está en el voto, sino en los mecanismos de selección y calificación de los postulantes y sostiene que debería insistirse en los requisitos de idoneidad y meritocracia profesional. (Erbol)