Durante mucho tiempo, el estudiante Elthon Rivera se negó a tener que salir de Nicaragua, pero su situación y temor se complica por la intervención del Gobierno a las casas superiores de estudio en Nicaragua.
El universitario de 27 años se había quedado dos veces a un año de graduarse de la universidad.
Primero, como estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), al ser uno de los 150 estudiantes expulsados de sus carreras por haber participado en las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Y ahora, como estudiante de último año de Ciencias Políticas en la Universidad Paulo Freire, ya que el parlamento de Nicaragua, a pedido del Gobierno, le canceló la personería jurídica a esa universidad privada y a otras casas superiores de estudio en lo que los opositores ven como el último ataque de Ortega contra los críticos.
“Me arrebataron nuevamente la oportunidad de ser un profesional. Dos veces. Es un sentimiento de impotencia, tan cerca de lograr la meta. Pensé que este año iba a graduarme y esto equivale a no tener nada”, lamentó Rivera en diálogo con BBC Mundo antes de dejar el país.
La Asamblea Nacional nicaragüense (Parlamento), dominado por el oficialismo sandinista, aprobó la cancelación de la personería jurídica de cinco universidades: Universidad Politécnica (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucaste), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Paulo Freire y Universidad Popular (Uponic).
Durante mucho tiempo, el estudiante Elthon Rivera se negó a tener que salir de Nicaragua, pero este sábado lo hizo.
MEDIDAS DEL
GOBIERNO
Estudiantes y académicos críticos coinciden en que esta es una medida más del Gobierno para acallar las voces disidentes en Nicaragua.
Desde mayo de 2021, el Gobierno ha encarcelado opositores, cerrado ONGs, impedido la entrada y salida del país a periodistas y opositores y cerrado y confiscado medios de comunicación independientes. Ahora son las universidades privadas las que están en el punto de mira.
“La única explicación es la venganza política porque algunas de esas universidades y sus estudiantes tuvieron un papel importante en las protestas de 2018”, señaló a BBC Mundo el académico y opositor Ernesto Medina.
Una de las universidades canceladas, la Upoli, fue un bastión estudiantil en las protestas de 2018. Los estudiantes, que permanecieron atrincherados por casi dos meses y exigían la salida de Ortega del poder, recibieron múltiples ataques de paramilitares y de la policía.
“El hecho de que la Upoli haya sido uno de los centros de protesta, Ortega no lo olvidó, no lo perdonó”, aseguró Medina, que además considera que se trata de una advertencia del Gobierno, al que tilda de «dictadura», al resto de universidades del país: «Es mejor portarse bien, callarse, no criticar».
Daniel Ortega fue reelecto para un nuevo mandato como presidente en noviembre del año pasado tras unas elecciones en las que no pudieron participar los principales líderes opositores, que se encuentran detenidos.
La pasada semana se celebraron también juicios contra importantes figuras disidentes.
La exguerrillera sandinista Dora María Téllez fue declarada culpable del delito de conspiración para menoscabar la integridad nacional de Nicaragua.
También declararon culpable del mismo delito al líder estudiantil Lesther Alemán, que se hizo famoso en 2018 por su enérgica protesta ante Ortega.
La fiscalía pidió entre 15 y 20 años de prisión para cada uno y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
INCERTIDUMBRE
En la comunidad estudiantil, mientras, hay mucha incertidumbre y temor.
“Estaba súper confundida y desesperada, la verdad, quería salir corriendo a la universidad a pedir mi certificado de notas”, contó a BBC Mundo una estudiante de 20 años de la Upoli, que prefiere no dar su nombre por seguridad.
Las autoridades les dijeron que todo «está normal», pero no han dado explicaciones claras. «Mi miedo es no poder seguir estudiando de forma gratuita», confiesa. Ella es becada de la carrera de Diseño Integral de la Comunicación.
«Veré qué pasa, yo me matricularé, ya ahorita no puedo ir corriendo a matricularme a otra universidad. Si vemos que la situación empeora, mi mamá y yo ya estamos viendo opciones fuera del país», manifestó.
Tras la ilegalización, el Centro Nacional de Universidades (CNU), el órgano rector de la educación superior en Nicaragua y también bajo el control del oficialismo sandinista, emitió un comunicado en el que asegura que garantizará «la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes».
La directora del CNU, Ramona Rodríguez, dijo a un medio oficialista que los estudiantes recibirán clases en los mismos recintos y prometió reducción de tasas.
«Es una forma encubierta de intervención académica», afirmó el opositor Medina.
SITUACIÓN
REPETIDA
Elthon Rivera ya había estado en una situación similar. Formaba parte de un programa especial de la Universidad Paulo Freire que acogió a estudiantes expulsados en 2018 por haber participado en las protestas en contra de Ortega y que habían quedado en un “limbo académico” porque su historial académico fue eliminado.
Ese año, Rivera se involucró en las protestas estudiantiles, estaba en último año de Medicina y se quedó sin nada. En 2019, la Paulo Freire le dio la oportunidad de continuar sus estudios, pero en otra carrera, Ciencias Políticas. Hizo exámenes, le convalidaron clases, adelantó otras y ya estaba a un año de graduarse.
“El CNU llama a la calma, pero eso no nos incluye a nosotros”, indicó a BBC Mundo antes de salir del país. Al presentarse, aseguró, lo identificarían como uno de los estudiantes expulsados y temía terminar tras las rejas como varios de sus compañeros.
Esta no es la primera vez que el Gobierno cancela la personería jurídica de una universidad. El pasado diciembre fue cancelada la de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) bajo los mismos argumentos.
Tampoco ha sido la única medida en contra de los centros de educación superior.
A inicios de este año, el gobierno disminuyó por cuarto año consecutivo el presupuesto estatal que por ley recibe la Universidad Centroamericana (UCA), que desde 2018 mantuvieron una posición crítica hacia el gobierno de Ortega.
Esta medida, dijo la UCA al diario La Prensa de Nicaragua, los ha llevado a replantearse el programa de becas para estudiantes de escasos recursos. (BBC Mundo)
Reactivan juicios
La cancelación de las universidades ocurrió en la misma semana en que se reactivaron los juicios en contra de opositores que fueron detenidos desde mayo de 2021 y a quienes Ortega llama “criminales” y “terroristas”.
Hasta ahora, al menos seis opositores han sido condenados por “menoscabo a la integridad nacional” y “conspiración”, entre ellos la excomandante guerrillera Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán.
El académico Ernesto Medina asegura que Ortega ve las universidades como “espacios problemáticos donde la protesta está latente”.
En Nicaragua, el Gobierno prohibió las manifestaciones desde el año 2018 y amenazó con enjuiciar a quienes lo hicieran.
Además, el estudiante Elthon Rivera siente que se le acabaron los espacios. “No tengo carrera, no tengo posibilidad de hablar, de expresarme, no puedo decir nada porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Ya sentí que aquí no tengo posibilidad más que huyendo o escondiéndome”. El pasado sábado anunció en las redes sociales su salida de Nicaragua.
