Legisladores discrepan y el Gobierno la descarta

Tras los planteamientos relacionados a endurecer penas en contra de feminicidas y violadores considerando incluso la pena de muerte, asambleístas de oposición y oficialismo discrepan en la factibilidad de aplicar estas penas en las normativas bolivianas, mientras que el Gobierno descartó su aplicación, a través del vocero, Jorge Richter.
Luego que el diputado oficialista, Héctor Arce, planteó la posibilidad de endurecer penas y sanciones en contra de violadores y feminicidas, señalando que a causa de las recientes revelaciones y casos denunciados, “desde su percepción” la gente que incurre en estos delitos “no debería vivir más”, legisladores de diferentes organizaciones políticas cuestionaron estas sugerencias.
Arce además manifestó que estas penas deberían ser ejecutadas cada 6 de agosto con motivo de las fiestas patrias. “Para ese tipo de personas deberíamos tener la pena de muerte. Yo digo así: todos los 6 de Agosto, en el aniversario el país, se debería ejecutar este tipo de personas”, afirmó el parlamentario representante de la región del Chapare.
Al respecto, la senadora por Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, sostuvo que es imposible que en la legislatura boliviana se pueda incorporar la pena de muerte como máxima sanción para delitos violentos, como se plantea, pues la Constitución no lo contempla y por los acuerdos internacionales de los que el país forma parte.
“En Bolivia la Constitución señala que la máxima prueba son 30 años, entonces no puede darse ninguna ley que esté contra lo que establece la Constitución, por otro lado ni siquiera podemos pensar en una modificación para aumentar las penas, porque el país es signatario de convenios internacionales donde no está permitida la pena de muerte”, refirió Salame.
Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que el Gobierno no acompaña los planteamientos sobre endurecer sanciones hasta llegar a la pena de muerte como fue sugerido por Arce. “Desde el Gobierno no se acompaña un tema como la pena de muerte”, indicó en conferencia de prensa.
“Lo que sí necesitamos es establecer un amplio debate fuertemente participativo en el que los criterios más sensatos, más racionales, en esencia estructurales, tengan la posibilidad de generar una reforma de la justicia; pero, también, una reforma de diversas instituciones en el Estado, que nos garanticen protección, transparencia, certidumbre, seguridad a las bolivianas fundamentalmente”, señaló.
Resaltó la importancia de resolver temas que recientemente angustiaron a la población boliviana para, posteriormente, plantear soluciones estructurales como sociedad.
“Hay que plantear estas soluciones que vienen de ser estructurales y de fondo para que podamos nosotros dar pasos cualitativos como sociedad en lo que hace a nuestra seguridad, a nuestra confianza y a la protección que tenemos que tener todos en la sociedad”, manifestó.
Recordó que muchos países desecharon la pena de muerte de sus sistemas judiciales como parte de un castigo, debido a que atenta contra cualquier forma de humanidad, pero que optaron por incrementar la severidad de sus castigos.