Sin normativa, ética ni moral

El derrumbe institucional es tan profundo en el país, que abarca a todos los organismos públicos, los que se adhieren sin tapujos al desastre. Sus componentes son el incumplimiento de la normativa vigente, pero ante todo el desprecio a la ética y a la moral. Ninguna institución está al margen, llámese Justicia, Ministerio Público, ministerios del Ejecutivo, entidades descentralizadas, gobernaciones, alcaldías, universidades, aduanas, algunas actividades privadas, etc. La Policía, por supuesto, no es la excepción sino actor de primera mano.
Este desquiciamiento no es solamente una epidemia, sino que cada organismo busca sus propios caminos de corrupción; cada dirección, departamento, oficina y, en particular, cada funcionario de rango o de “base” inventa su mecanismo o, mejor, mañas de corrupción, de extorsión. Es un plus a su sueldo que, según la jerarquía, puede alcanzar montos astronómicos o mucho menores, sin dejar de ser corruptela.
Estamos embarcados en un tren imparable y más veloz desde mediados del Siglo XX. El debilitamiento, la escualidez del Estado es terminal, hasta el extremo de conformar un Estado fallido. El aliado de la situación es la política, una de cuyas finalidades es dar rienda suelta al peculado, a la ineficiencia funcionaria. En estos casos a las autoridades no se les ocurre investigar y menos castigar. En cambio, el aparato gubernamental es implacable con sus adversarios políticos, con sus opositores. La Justicia, los fiscales y los policías son sus brazos ejecutores y cumplen a cabalidad las órdenes represivas de arriba.
En los últimos días hay claros ejemplos de las medidas selectivas y de encubrimiento por esos organismos. Mano dura con Santos Quispe, Gobernador de La Paz. Un caso emblemático de encubrimiento es el de Jhonny Mamani, Gobernador de Potosí. Fingió la compra de 41 ambulancias que nunca llegaron, por 20.5 millones de bolivianos, a favor de una empresa irregular y mediante actos irregulares. Mamani ni siquiera ha sido convocado a declarar.
El procurador general, Wilfredo Chávez, tampoco fue citado a la fiscalía para explicar por qué designó, como Director General de Administración, a una persona con sentencia ejecutoriada en 2017, por certificado profesional fraudulento. En cuanto a los “ítems fantasma”, tuvo que dar la orden don Evo Morales para recién detener a la exalcaldesa Angélica Sosa, al paso que no proceden igual con el que fue burgomaestre Percy Fernández. En su gestión se dio inicio a este escándalo. En el caso Las Londras, la Policía apenas detuvo a uno de los implicados en el secuestro y vejámenes a periodistas e inclusive a efectivos policiales. El exalcalde Luis Revilla tuvo que asumir la clandestinidad ante la sospecha fundada de ser detenido arbitrariamente. Se le denuncia por supuesto sobreprecio en la compra de 66 buses para el servicio público. Por simple solicitud de Jesús Vera, posible autor de la quema de dichos autobuses, se procedió contra Revilla.