Hasta la tarde de ayer, tanto en la Fiscalía como en el Juzgado, no existía ningún memorial firmado por los generales Gonzalo Jarjury y Jorge Terceros, acusados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y Constitución, en el caso denominado golpe II, donde – según el Gobierno- aceptan ir a un proceso abreviado, informó a EL DIARIO el abogado Jorge Valda.
“Hemos estado con los abogados tanto en los Juzgados como en la Fiscalía y no hay absolutamente nada, ningún memorial que señale que aceptan su culpa y quieren ir a un proceso abreviado. Que el ministro de Justicia, que no es parte del proceso, dice que tiene ese tipo de documentos, la pregunta es ¿por qué lo tiene él?, o ¿cómo los ha obtenido?, eso solo demuestra con claridad que ejerce una intervención dolosa sobre la justicia”, advirtió Valda.
Ayer, a través de un comunicado el Ministerio de Justicia aclaró que el titular de esa cartera de Estado basó sus declaraciones en documentos existentes en el expediente.
“Ante declaraciones de un abogado de los imputados en el caso “golpe de Estado II”, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ratifica que las declaraciones de titular de esta cartera de Estado, Iván Lima Magne, se sustentan en la documentación existente en el expediente del mencionado proceso ordinario y las actuaciones legales de las partes”, se lee en parte del comunicado.
CARTA
Las familias del general Terceros y el almirante Jarjury publicaron ayer una carta manuscrita, en la que explican que los exjefes militares presuntamente solicitaron ir a juicio abreviado admitiendo su culpa en el caso denominado “golpe de Estado II”, por razones estrictamente familiares.
El texto indica que, a pesar de la negativa de sus padres, se toma la decisión con la finalidad de tenerlos a su lado.
Al respecto, el abogado Ramiro Carrillo explicó a EL DIARIO que el procedimiento abreviado es una forma de agilizar los procesos penales para evitar un juicio oral.
Refirió que el Código de Procedimiento Penal establece que el imputado que solicite someterse a este procedimiento debe hacer conocer al fiscal mediante un documento denominado “acuerdo de sometimiento a procedimiento abreviado”, donde debe establecer aspectos como la renuncia a juicio oral, la aceptación del hecho que se le imputa y el consentimiento del abogado que le patrocina.
Posterior a ello, el fiscal debe hacer conocer al juez que tiene conocimiento del caso, mediante una resolución fundamentada donde el fiscal pide la sanción al juez y dependiendo del ilícito penal se concuerda en la pena mínima.
Aclaró que la suscripción de este acuerdo en un proceso penal y si existe varios imputados o acusados, quedan expuestos como testigos del hecho para enjuiciar a los demás procesados, eso a criterio del fiscal.
CAMINO EQUIVOCADO
El coronel en servicio pasivo y expatrocinador de los exjefes militares, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que para adoptar esa decisión, Terceros y Jarjury tuvieron que consultar y recibir asesoramiento técnico jurídico, no obstante de ello, estarían yendo por un camino equivocado porque su situación jurídica mejoraría muy poco.
“El siguiente paso luego de constatarse que la familia hubiera presentado formalmente esa solicitud, la Fiscalía debe poner en conocimiento a la parte querellante o víctimas, y tener el visto bueno (aceptación) para llevar a cabo ese juicio abreviado”, dijo.
Apuntó que un siguiente paso para el proceso abreviado es el acuerdo o la negociación, donde las partes se ponen de acuerdo junto a la fiscalía y posteriormente la misma presenta la solicitud con todos sus detalles de fondo y forma al tribunal para el desarrollo de la audiencia y posterior sentencia.
Manifestó que esta situación favorece a la clase política gobernante, quienes tendrían mayor respaldo por los argumentos de los supuestos “autores confesos”.
“La clase política que maneja este proceso aprovechó la situación de vulnerabilidad y fragilidad moral de los militares y familiares para negociar en superioridad de condiciones”, lamentó.
Asimismo advirtió que de ser cierto que sus camaradas van a un proceso abreviado, la situación de los co-procesados se verá afectada así como ocurrió con el caso terrorismo.
Santistevan reiteró que esa línea jurídica tomada por Jarjury y Terceros no fue la mejor decisión porque hay alta probabilidad que sean engañados y porque todavía deben afrontar el caso golpe de Estado I donde están imputados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.