Para conmemorar la ejecución de los protomártires de la independencia, luego de la Revolución de 16 de julio de 1809, las organizaciones cívicas de La Paz se reunieron y aprobaron un pronunciamiento sobre los problemas más acuciantes que atraviesa nuestra sociedad paceña y boliviana.
En primer lugar, en su documento ratifican su absoluta voluntad de defender y luchar por el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, que en el régimen que nos gobierna hace quince años se vulnera constantemente.
Los cívicos piden al gobierno que cese la persecución política-judicial a quienes critican las políticas del régimen, enjuiciando y encarcelando a los opositores, en una práctica que vulnera las libertades constitucionales, e incluso con torturas como la cometida contra un dirigente de los cocaleros de Yungas, que fue secuestrado, torturado y arrojado en un camino, seguramente como advertencia, sin que alguna autoridad jurisdiccional se hubiera pronunciado.
Demandan a toda la ciudadanía encarar una lucha frontal y enérgica contra la corrupción, en especial contra la cometida al amparo del poder político partidario, pues la ausencia de un organismo de justicia imparcial e independiente, favorece y alienta la corrupción, que es una justicia severa con unos (los opositores) e indulgente con los partidarios, que como en los casos de la gobernación de Potosí, Las Alondras en Santa Cruz, la impunidad de la que goza un seudo dirigente vecinal que estuvo vinculado a la quema criminal de 66 buses de propiedad de los paceños y otros. La justicia boliviana es ciega y sorda, ante la protesta de la ciudadanía, pero atenta a los mandatos del poder político.
Demanda la urgente RENOVACIÓN judicial, que aparte de sus funciones a la totalidad de jueces y fiscales, que han puesto a la justicia en los niveles más bajos de credibilidad social y deterioro ético de la sociedad.
El pronunciamiento cívico paceño pide que se deje de lado la política económica de despilfarro de los escasos recursos, volcados a emprendimientos públicos sin rentabilidad ni retorno, como son la mayoría de las setenta empresas estatales. Esos recursos deben ser puestos a disposición de los emprendedores privados, en especial de las PYMES, que son las que generan empleo y producción.
Restituir la cualidad ferroviaria de La Paz y occidente del país, antes que los intereses de los empresarios del transporte.
En cuanto al gobierno Departamental de La Paz, aconsejan a las autoridades electas que, por respeto al voto obtenido, gobiernen con responsabilidad e idoneidad en sus funciones.
Respecto al Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, los cívicos piden al Alcalde que acabe con la corrupción, la burocracia insensible y las obras “estructurantes” de elevado costo y escaso beneficio público, mientras el estado de las vías públicas es deplorable.
Hasta hoy la Alcaldía no ha hecho conocer su Plan de Trabajo anual, solo están las ofertas electorales que son solo eso, ofertas, algunas alejadas de la realidad y posibilidades. Piden al Alcalde que se cumpla con la ley Municipal Autonómica No. 025, que determina la participación y control social, como son las organizaciones cívicas que tienen como finalidad el servicio a los intereses de la comunidad, en toda la gestión municipal.
Que sean acortados los pasos burocráticos en las gestiones de los vecinos, como aprobaciones de planos, construcciones etc., pues la burocracia espanta los capitales que se pretende invertir, que se van a otras regiones, donde les dan facilidades, pues hasta para pagar impuestos los trámites son pesados.
Que sean atendidos los parques, plazas y áreas verdes, que han sido abandonados a su riego natural en época de lluvias, pero que pasada ésta, las áreas verdes se convierten en áreas amarillas.
Los cívicos ratifican su apoyo al funcionamiento de los “PumaKataris”, como un servicio de transporte público moderno, que presta un valioso servicio a la ciudadanía, ampliando su cobertura.
Finalmente, el Movimiento Cívico Paceño ratifica su vocación de servicio a los intereses de la comunidad y de Bolivia toda.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente de educación superior.