En la primera fase de desarrollo de la pandemia Covid-19, empresas farmacéuticas ingresaron al agio y especulación, vendiendo algunos fármacos con precios intolerables para la economía del pueblo. Incluso llegaron al ocultamiento de los medicamentos, causando escasez en las farmacias. Los precios estaban por las nubes, sin seguimiento y supervisión del defensor del consumidor. Por ejemplo, una tableta de aspirina llegó a costar cinco bolivianos, cuando su costo real era 0.50 centavos.
Saliendo de esa incertidumbre; un punto alto y destacable para el gobierno actual es la adquisición oportuna de las dosis contra Covid-19, antígenos nasales PCR; abasteciendo de esta forma suficientemente a los puntos de vacunación del Ministerio de Salud. Si bien la compra de estas vacunas significó gasto para el erario nacional, el Estado cumplió con una de sus funciones establecidas en la Constitución Política (Art.9): “garantizar el acceso a la salud de las personas…”.
Cuando la vacunación era obligatoria, la población se movilizó inmediatamente, buscando dosis en centros de salud y hospitales. Demostrándose que en tan solo tres días se inmuniza a medio millón de personas, batiendo récords como nunca se ha dado con las campañas de salud en Bolivia. Por ello, pensamos que, si el gobierno sostenía esta medida de controlar carnet de vacunación, hubiéramos avanzado significativamente en la inmunización colectiva (12 millones de habitantes). Con la prórroga de exigencia del certificado hasta la conclusión de la emergencia sanitaria, sólo se está atentando contra la salud de los vacunados.
Consecuentemente, los inmunizados podíamos movilizarnos en cualquier lugar del país, exponiendo nuestro “carnet de vacuna”, plastificado y todo, sin mayores inconvenientes y protestas, sabiendo que, al estar parcialmente protegidos de la pandemia, era posible salir de la impaciencia y estrés del pueblo. Porque los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales: “Cuando empiezan los derechos de la mayoría, terminan los derechos personales”. Entonces, la salud pública estaba garantizada para todos y todas.
Vacunados todos, las actividades cotidianas volvían a la normalidad, como sucede actualmente con vacuna o sin vacuna en las entidades públicas y privadas; salvo restricciones impuestas a la educación urbana de las ciudades capitales del departamento. Porque basta ver concentraciones y aglomeraciones masivas en las puertas de los mercados, bancos, ministerios, etc., por eso escribimos anteriormente en este medio EL DIARIO: “Bolivia, país de las filas”. Incluso podíamos dejar de usar barbijos, como está sucediendo en España y Francia.
Son evidentes las contradicciones en las que ha caído el gobierno: primero dictó el Decreto Supremo 1359, donde establece que la vacuna es voluntaria. Y ahora cambia esa concepción para emitir decretos supremos 4640-4641, obligando a la población a vacunarse, luego, ante la presión de los antivacunas, levanta temporalmente la exigencia del certificado; vulnerando incuestionablemente derechos fundamentales de locomoción, salud, educación de las personas inmunizadas.
Los decretos no tomaron en cuenta el artículo 44.I. de la CPE que establece: “Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”. Incluso enfatiza en el parágrafo II del mismo artículo: “Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento”.
Entonces, deducimos que no solamente faltó consentimiento, sino fundamentalmente campañas de concientización para vacunar a los niños y adolescentes desde los cinco hasta los diecisiete años. Protestas, bloqueos, movilizaciones del pueblo surgieron precisamente por falta de información y socialización de los decretos nombrados. Si el gobierno lograba aceptación voluntaria de las vacunas, ahora la sociedad en su conjunto avanzaba significativamente en la inmunización colectiva contra el Covid-19.