Como es de conocimiento general, el gobierno de Evo Morales Aima convocó a un referendo para consultar al pueblo sobre la posibilidad de que sea candidato para un cuarto período de ejercicio del poder como presidente y él mismo, en una declaración ante los medios de comunicación, expresó que de serle negada esta posibilidad, él dejaría la presidencia, pues: “¿acaso daría un golpe de Estado?”. Sin embargo, realizada la consulta, la mayoría de la ciudadanía le dijo ¡NO!, pero –una vez más– el caudillo no respetó la voluntad del pueblo y consultando a sus magistrados en el Tribunal Constitucional, éstos lo avalaron con el argumento falaz de que era un “derecho humano el reelegirse”, contra lo que establecía la Constitución, y lanzó su candidatura en las elecciones de octubre de 2019, que acabó siendo anulada debido a un grosero fraude verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue también convocada por el mismo gobierno de Morales.
En el estudio de la Ciencia Política referida a la soberanía, ésta se desdobla en soberanía del Estado y soberanía en el Estado. La primera se refiere a que por encima del Estado no debiera existir otro poder y los demás Estados deben atenerse a este estatuto, con excepción de los tratados internacionales que el mismo Estado ha convenido para asuntos determinados. El otro, o sea la soberanía en el Estado, se refiere a que la institucionalidad del poder se origina en la voluntad del pueblo, es decir que éste es soberano en cuanto a su voluntad que es el origen del poder.
Maurice Duvergere, tratadista de Ciencia Política, en su libro: “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”, al referirse a la soberanía, hace esa distinción de soberanía en el Estado y Soberanía del Estado, atribuyéndole a la primera la que concierne a las autoridades públicas, es decir que es soberana la autoridad colocada en la cúspide de la jerarquía, pues no depende de otra y las demás dependen de ella, pero se pregunta ¿de dónde se deriva esa autoridad? Siguiendo la teoría de la legitimidad del poder, éste deriva del poder soberano.
Nosotros en nuestro libro “Teoría del Estado” sostenemos que el poder soberano en el Estado se origina en algo o alguien, así se sostenía que el poder de los reyes derivaba de Dios, pero con los cambios histórico-filosóficos del liberalismo, el poder deriva del pueblo, que es delegado (contrato social) al gobernante que éste elige, por un tiempo determinado que está previsto en la Carta Fundamental o Constitución del Estado.
Siguiendo la teoría, la práctica y lo establecido en las normas legales en cuanto al poder público, se establece que la “voluntad mayoritaria del pueblo” da origen a la legitimidad del poder, y su vulneración resulta no solo un atropello a esa voluntad y la ley, sino que origina el rompimiento del “estado de derecho”, que es el que está sometido a la ley y, en consecuencia, quienes se atribuyen por un acto de fuerza la soberanía popular, están fuera de la ley y cometen delito.
Los que han desconocido la voluntad del pueblo expresada el 21 F, han cometido una acción comparable a un “golpe de Estado”, porque han vulnerado el derecho electoral, el derecho constitucional y el derecho político. El falso argumento de los defensores del régimen populista que nos gobierna hace quince años, de que se consultó al Tribunal Constitucional sobre la reelección de Evo Morales, pierde toda validez legal, pues los miembros de ese tribunal se atribuyeron la “soberanía del pueblo” para modificar la Constitución, que solo puede ser modificada por una Asamblea elegida con esa finalidad.
La vulneración de la voluntad del pueblo, expresada en el voto del referendo el 21 F, ha dado origen a la crisis política-institucional que se agravó por el fraude electoral de octubre de 2019, y que determinó la “insurrección popular” de ese año, que acabó con la renuncia del pretendido “gobierno de por vida”, como lo dijo en varias ocasiones el dirigente cocalero y presidente.
La crisis política que se debió solucionar con las elecciones de 2020, se ha agudizado debido a otra teoría falaz esgrimida por los populistas desde el día de su posesión en el gobierno, la de un “golpe de Estado” que la mayoría de la población reputa inexistente, pues, como dijimos líneas arriba, los 21 días de la emergencia de octubre – noviembre de 2019, fue una insurrección popular histórica, sin partidos políticos, dirigentes políticos u otro interés, que la defensa del voto del 21 F, de las elecciones de 2019 y el estado de derecho, lo demás es cuento.
El autor es Abogado, Politólogo, docente universitario y escritor.