Se demoró mucho, pero ha llegado el momento en que el “imperio” identificó al narcotráfico como un aliado del eje de las autocracias y ha decidido combatirlo en todo el mundo.
Para Bolivia esto significa el fin de una era, marcada por el predominio político de personajes y organizaciones ligadas al narcotráfico, que habían logrado controlar todas las instituciones del Estado democrático.
El país ha sido demolido por esta fuerza. El narcotráfico tiene como sus siervos a las FFAA, la policía, la justicia, todas las instituciones estatales y casi ha logrado el control total de los medios de comunicación.
Pero ahora la guerra de Estados Unidos ha comenzado con alcances mundiales. El detonante fue el anuncio de la DEA de que el venezolano Alex Saab, ahora preso en Miami, fue su informante desde 2017. Una pieza clave del Cártel de los Soles, creado por Hugo Chávez y su proveedor boliviano para llevar droga a Estados Unidos, pasando por Cuba.
Europol está deteniendo a cientos de narcotraficantes en seis países de Europa, incluida España, ha sido extraditado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, son perseguidos los miembros del Cártel de Jalisco y de todos los cárteles mexicanos, el gobierno brasileño se moviliza contra los comandos de la droga y Estados Unidos pide la extradición del coronel boliviano Maximiliano Dávila, para comenzar.
Esta guerra del Siglo XXI apenas ha comenzado. Estados Unidos ha decidido acabar con el poder económico y político del narcotráfico por una razón elemental de toda guerra: el narcotráfico está aliado con los enemigos.
En nuestra región, ese poder económico llegó a crear una organización que rivaliza con la OEA: la alianza de los Narco-Estados, de la que Bolivia es pieza clave. Al fin y al cabo, es el único país del planeta que tuvo como presidente al jefe de los mayores proveedores de materia prima para la fabricación de una droga proscrita por la ONU.
Ni siquiera en Afganistán habían llegado a tanto los narcotraficantes. En ese pobre país, primer productor de opio del mundo, los narcos se propusieron crear un partido político, pero fue rechazado por el parlamento en los años 80.
En Bolivia, ese partido no solo fue creado, sino que ha logrado gobernar el país por quince años.
Pero les ha llegado su hora. Los culpables han callado y el principal de ellos prepara su fuga.
Una prueba del grado de dominio sobre la justicia que tiene ese partido es que el fiscal Juan Lanchipa sigue defendiendo al coronel Dávila, quien es acusado de haber conspirado para llevar una tonelada de cocaína a Estados Unidos.
Se supone que cuando todo el andamiaje haya sido desmontado, y sus caudillos estén presos en Miami o Guantánamo, todas las instituciones que habían sido controladas recuperen su independencia y el país pueda renacer desde las cenizas.
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