Acoso y maltrato a la ex-Presidenta

No solamente es un trato con falta de humanidad el que se aplica en el penal de Miraflores contra la detenida y ex-presidenta transitoria Jeanine Añez, también hay crueldad extrema. No se considera su estado de salud agravado por constantes descompensaciones y crisis nerviosas, ni su debilidad extrema generada por casi 15 días de huelga de hambre de verdad, cuando se despacha esta nota.
Estos hechos se trasuntan también de modo resaltante por la negativa de último momento del juez Franklin Siñani para que pueda ser conducida a un hospital para su tratamiento, pese a que horas antes decidió el traslado hospitalario. Esta contradicción prueba de modo flagrante la injerencia del gobierno de Luis Arce en la Justicia y se añade a la suma de maltratos de que Añez es víctima. Esta actitud injerencista se da en presencia del Relator Especial de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, para la independencia judicial, presente en La Paz. Ante la enormidad de esta impostura, se aguarda un pronunciamiento claro y expreso del investigador internacional y su condena por este atropello a la ley y a los derechos humanos.
Inclusive antes de la obvia orden del Gobierno al juez Siñani, la posición de la gobernadora de la cárcel de Miraflores fue que el traslado de la detenida era imposible por manifestantes apostados en puertas del recinto, contrarios a la medida sanitaria. Los manifestantes visiblemente pertenecían a reparticiones públicas de fácil convocatoria. Previamente el oficialismo mediante un WhatsApp indujo a la movilización. La violencia del grupo recurrió a la quema de una carpa de ciudadanos que efectuaban una vigilia pretendiendo precautelar a la detenida. Es más, Carolina Rivera, hija de la detenida enferma, fue desalojada del recinto a viva fuerza y agredida por el personal carcelario. Certifica este hecho el médico forense, quien concedió seis días de impedimento a Rivera.
Esta declaró que su señora madre podía haber sido enviada a un nosocomio por la puerta trasera del penal por donde ella fue obligada a alejarse, salida que se encontraba libre de todo peligro. Como si estos atropellos no fuesen suficientes, el juez penal, Borda Montaño, resolvió denegar la acción de Carolina Rivera en sentido de poder visitar a su señora madre y asistirla filialmente. A esto llega el impávido abuso de las autoridades oficialistas contra una mujer y madre indefensa y contra su sufrida hija, a las que la Justicia les niega porfiadamente todo derecho. Y ahora, al parecer, a la detenida el derecho a la vida.
Para ninguna persona consciente y libre de dependencias del régimen actual, es concebible el grado increíble de venganza y saña persecutoria contra los dirigentes y políticos de diferente pensamiento. Es increíble e irresponsable que este Gobierno incite a la violencia y al odio entre compatriotas bolivianos, propiciando hordas desenfrenadas para un posible baño de sangre por su afán de perpetuarse en el poder mediante métodos dictatoriales.