En meses recientes el pueblo boliviano ha escuchado una ola de denuncias genéricas, de extrema gravedad, acerca de corrupción, mala administración de justicia, prevaricatos y otros. Pero el centro de gravedad de esas denuncias se refiere a que la justicia boliviana carece de independencia y está bajo control del Órgano Ejecutivo, que la maneja de acuerdo con sus intereses, violando en esa forma principios democráticos y la misma Constitución Política del Estado Plurinacional.
Sin embargo, de manera específica, se observa que las denuncias no se refieren tanto a la justicia en sí, sino a la administración de la misma. Al respecto, no se ha escuchado denuncias concretas contra leyes específicas, excepto contra la Constitución, que aseguran que es “obsoleta”, tema acerca del cual se han pronunciado a favor o en contra importantes personalidades nacionales y el llamado “quinto poder del Estado”, es decir, el periodismo.
Denuncias contra la incorrecta administración de justicia han menudeado en casi todos los casos y, en particular, se ha señalado la existencia de jueces prevaricadores que desconocen sus funciones, carecen de probabilidad y hasta de capacidad profesional para cumplir sus labores. Hubo casos extremos en los que, por lo menos, varios jueces pusieron en libertad a delincuentes sentenciados a treinta años de cárcel y sin derecho a indulto, inclusive se produjo la desaparición de 200 expedientes de un juzgado, sin que se sepa hasta ahora el destino de esos documentos. No han faltado casos de jueces que fueron denunciados por ejercer funciones en estado inconveniente.
En relación con esos dos hechos (la crítica no es a las leyes, sino solo a sus administradores), se puede concluir en forma lógica que “justicia” y “administración de justicia” son aspectos diferentes y que son el anverso y reverso de una moneda. Lo primero que hay que hacer, debido a la urgencia del caso, es adoptar las medidas necesarias en torno a la administración de justicia, en el sentido concreto de establecer en forma definitiva la independencia judicial, elegir funcionarios probos, mejorar salarios. En una palabra, dar dignidad a este sector del mundo judicial tan venido a menos en últimos tiempos, y que quede sometido al aforismo jurídico de “La ley es dura, pero es ley”.