Fiscalías, Defensorías, Ministerios de Justicia y Tribunales Supremos de América Latina y Europa impulsan un convenio internacional para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, según datos oficiales.
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Cumbre Judicial Iberoamericana, todas ellas con presencia en más de una veintena de países, se unieron en una campaña impulsada por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) para poner en marcha un acuerdo que haga vinculantes las llamadas 100 Reglas de Brasilia.
Las 100 Reglas de Brasilia son un conjunto de normas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Se aprobaron en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia en marzo de 2008.
Pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad, en entornos remotos o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos, encuentran a menudo serias limitaciones para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o denunciar con garantías, entre otros.
Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y desconfianza son solo algunos de los obstáculos más habituales que impiden a estos grupos un acceso efectivo a los sistemas públicos de justicia en América Latina.
Para la directora de la Fiiapp, Anna Terrón, que ha impulsado la formulación de estas normas a través del programa EUROsociAL+, «el acceso a la justicia es un derecho llave para la realización de otros derechos y debe estar en el centro de la cooperación internacional entre instituciones públicas: el intercambio de experiencias es y será un acelerador para la implementación efectiva de las 100 Reglas de Brasilia».
«Poca o ninguna utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Y obviamente las dificultades son mayores cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad», explicó la Coordinadora General de la Aidef y Defensora General de Argentina, Stella Maris Martínez.
«Las 100 Reglas promueven medidas tan básicas como la participación activa de servidores públicos en la divulgación de conocimiento sobre los derechos de las personas en zonas desfavorecidas», ha indicado, por su parte, la integrante de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Angela Russo.
«Algunos de los estándares promovidos son la gratuidad de la asistencia jurídica, formularios de fácil manejo, la oralidad y
comprensión de las actuaciones judiciales. También, medidas de acercamiento del servicio a lugares remotos o medidas alternativas de resolución de conflictos», agregó. (Europa Press)