Ha sido una verdadera pena –y una total decepción– que un general y un almirante de las FFAA hubieran decidido aceptar un juicio abreviado para reducir su detención preventiva y así lograr su libertad. Mientras otros generales y coroneles han preferido la cárcel antes de reconocerse culpables de haber participado en un golpe de Estado que no existió, a estos dos comandantes les faltó valor.
Imaginamos que la prisión es muy dura y sacrificada; que se extraña a la esposa, los hijos, la comida, el calor, el aseo y el lecho. Pero, para un militar, quebrarse y claudicar por eso, dejando en la estacada a sus camaradas y a mucha otra gente, es indigno, porque ¿qué aprenden estos soldados en el Colegio Militar? Ya suponemos qué sentirán los otros jefes que no se han dejado tentar con el ofrecimiento tramposo de un juicio abreviado, que ha sido la inmensa mayoría; vergüenza ajena e indignación, sin duda alguna.
No puede ser de otro modo si es que el domingo pasado, el indeseable Evo Morales ya manifestó desde su emisora chapareña, la intriga de que el reconocimiento de ambos comandantes confirmaba que se produjo un golpe de Estado el año 2019. ¡Ahí está la madre del cordero! ¡La obstinación insana del golpe! No era otra cosa lo que buscaba el Gobierno a través de sus fiscales y jueces lambiscones. Hallar la forma de que los militares más endebles reconocieran que fueron protagonistas de un alzamiento armado y que la señora Jeanine Añez se encumbró mediante un cuartelazo y no por una rebelión popular que reclamaba contra el sinuoso fraude electoral de Morales.
¿Y ahora qué ante el embuste? ¿Qué van a decir la señora Añez, Camacho y Pumari? ¿Qué de Mesa, Quiroga, Doria Medina, la Iglesia y los embajadores que participaron en la reunión en la Universidad Católica en La Paz, para salvar la democracia? ¿Qué de los jefes policiales encarcelados y perseguidos? Hay que desmentir a los dos renegados y decirles, sin ninguna consideración, que traicionaron. Todos sabemos que Evo Morales había anunciado su renuncia a la Presidencia antes de que los militares abrieran la boca siquiera, y eso consta hasta en los recuerdos del lenguaraz de García Linera en su charla telefónica con la mandataria argentina Cristina Kirchner, en la mañana del 10 de noviembre.
Tal como sucedió con los jóvenes cruceños que fueron secuestrados y encarcelados para justificar los asesinatos cometidos por el MAS en el Hotel Las Américas en el 2009, el Gobierno tratará de ofrecer la reducción de penas a otros militares que acepten los juicios abreviados. Con la diferencia de que nuestros jóvenes, si algunos aceptaron, fue luego de varios años de prisión, de tortura psicológica y física, cuando los fiscales venales paridos por las fraudulentas elecciones judiciales, los amenazaban con muchos años más de encierro. Aunque varios se quedaron frente a sus fiscales prefiriendo el resultado de un interminable y tramposo juicio, antes que someterse a la mentira para lograr su libertad. Es evidente que la fórmula de sometimiento contra los opositores no ha cambiado entre el 2009 y hoy.
Las FFAA cumplieron con su mandato constitucional el 2019, no sugiriendo a Evo Morales que se fuera del poder, porque ya había huido al Chapare, sino protegiendo la planta de Senkata en El Alto, que estaba siendo asaltada por cientos de revoltosos irresponsables que trataban de incendiarla, a punta de dinamita, sin fijarse en el alto costo en vidas y dinero que podían producir. Los militares no están para planificar guerras contra ningún vecino, porque entonces, en estos tiempos, pondrían en duda la necesidad de su existencia. Las FFAA están para hacer respetar la Constitución imponiendo orden y para proteger nuestros recursos naturales de los negociantes y avasalladores y preservar la propiedad pública. Actuar en Senkata y Sacaba, sea cual fuera lo que se diga hoy, era su obligación; así que esas acciones no tienen que avergonzar al Ejército, ni menos ser un argumento para mostrar a la señora Jeanine Añez como la responsable de los hechos, porque en los momentos de extrema gravedad, cuando la situación es incontenible, los militares deben actuar cumplidamente. Atacar Senkata fue un acto criminal de los masistas, tanto como incendiar domicilios y quemar los 66 buses PumaKatari, que, a falta de autoridad en ese momento, ha quedado sin castigo.