miércoles, septiembre 4, 2024
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Comisión de Ética sin ética

Para el funcionamiento de las Cámaras Legislativas de la ahora denominada Asamblea, han sido establecidas, siguiendo la tradición, comisiones que conforman los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición o de mayorías o minorías de representantes. Una de éstas es la de Comisión de Ética, que tiene que conocer el comportamiento ético de los legisladores en el desempeño de sus labores, tanto en su vida pública como privada. La importancia de esta Comisión radica en que una resolución de esta Comisión puede determinar el desafuero o pérdida de su curul al cuestionado.
Esta Comisión, según las normas reglamentarias, debe estar conformada por los representantes de los partidos políticos en función legislativa, con un mayor número de la mayoría y la presencia de la minoría, elegidos de las listas que presentan unos y otros. Pero resulta que se ha convertido en un vicio el que algunos –por suerte los menos– representantes de la minoría, habiendo sido elegidos por los partidos de oposición, se ponen al servicio de la mayoría u oficialismo, como sucede en nuestra realidad, lo que importa un censurable caso de “transfugio” que, según el diccionario de nuestra lengua, es el pasar de un partido a otro.
Pero, ¿cuál es la razón para que en todas las legislaturas aparezcan estos individuos “tránsfugas” que, habiendo sido elegidos por el voto ciudadano para tener una determinada posición ideológico partidaria, cambian de posición, pasándose a las filas contrarias? La respuesta es simple, la “prebenda” con puestos para sus parientes en otras instancias de la administración del Estado u otras canonjías, pues no les satisfacen sus levados emolumentos mensuales (el promedio salarial en Bolivia es de Bs. 3.500, los asambleístas perciben seis veces más).
La conducta reprobable que se da al amparo del poder político, daña no solo a los que venden su conciencia, sino a los que la compran, de donde ambos resultan corruptos, uno de los males de nuestra sociedad, que nos afecta a todos los ciudadanos y al país en su conjunto, pues en los informes anuales de organismos internacionales que califican la corrupción en los países, nos califican en los últimos lugares, solo superado por Venezuela.
El Órgano Legislativo en el que están los representantes del pueblo debería ser un ejemplo de rectitud, de integridad moral, de tal manera de representar dignamente a quienes votaron por ellos o por el partido en el que aparecieron. Pero el desempeño en sus labores y peor aún su conducta, reñida con la ética, es todo lo contrario, es así que en tomas de opinión ciudadana, es junto al Órgano Judicial uno de los más reprobados.
En el Órgano Legislativo deberían estar los jurisconsultos más destacados, los hombres intelectuales de mayor nota y de una conducta y moral irreprochable, no importa si son de origen campesino, obrero o de clase media, pues la ética está en cada individuo, en su código de conducta personal, en los valores que sustenta su personalidad, que se refleja en sus actos y desempeño de su vida privada y pública.
Lamentablemente, el Órgano Legislativo ha perdido credibilidad y respeto de la ciudadanía, pues vemos entre sus miembros a individuos demandados por delitos sexuales contra menores y a diario escuchamos en los medios declaraciones desafortunadas y en deficiente idioma español (el mayoritario de nuestra población), haciendo alarde no de conocimientos de los temas que comentan, sino de desconocimiento.
El régimen populista que nos gobierna tres lustros, con el argumento de incorporar a los sectores sociales “excluidos”, siguiendo una línea demagógica que es una característica del populismo, ha encomendado funciones delicadas en la administración del Estado a gente improvisada, carente de estudios académicos –en su mayoría– con el resultado de deficiente gestión pública.
En el servicio público deberían estar los profesionales más destacados y probos, es decir a los mejores, para que contribuyan mejor a superar el estado de atraso que nos agobia, con índices de pobreza económica y social, pero además de pobreza espiritual.

El autor es Abogado, Politólogo, docente universitario y escritor.

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