Infraestructura disponible para proyectos de salud

Tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir a los bolivianos –como a todos los países del mundo– determinan que los conflictos sociales que se suceden periódicamente no puedan tener posibilidades de solución permanente, porque los problemas adquieren mucha gravedad debido a las condiciones de pobreza, a la presencia de dolencias en la comunidad y que, al margen del coronavirus, hacen estragos, generalmente en las familias pobres y en aquellas asentadas en las áreas rurales, que son las que menos recursos tienen, en cuanto a alimentos y atención hospitalaria.
Si bien hay preocupación (tiene que haberla) en niveles gubernativos, por atender todos los requerimientos de la población, los recursos son insuficientes, dadas las condiciones de pobreza. Pero es necesario reconocer que no solo hay descuidos, sino incapacidad y falta de voluntad para utilizar, por ejemplo, muchos locales, edificios y hasta complejos edificados que no son ocupados por escuelas ni colegios o institución alguna. Es el caso de las edificaciones construidas para Unasur, que ocupan grandes extensiones de terreno con infraestructura que podría servir para muchas dependencias hospitalarias, uso de universidades para facultades de medicina y sus especialidades.
Hay otro tipo de construcciones que también pueden prestar importantes servicios y se encuentran en total deterioro, debido al abandono. Por otra parte, hay grandes extensiones de terrenos que poseen las Fuerzas Armadas y que no tienen utilidad actualmente; finalmente, hay locales y sedes sociales construidas para sindicatos y federaciones que podrían servir para instalar consultorios, dispensarios y hasta clínicas y hospitales. Todos son sitios aptos para contar con la infraestructura precisa para atender cuestiones de salud y educación. Sin embargo, hay descuido, dejadez e indiferencia de las autoridades para tomar decisiones importantes sobre tales edificaciones que, inclusive si no son ocupadas para cubrir las necesidades indicadas, pueden ser alquiladas a entidades privadas y el dinero recaudado puede reforzar los presupuestos para reparaciones, ampliaciones, remodelaciones y modificaciones que sean requeridas.
Cumplir con los rubros de educación y salud solo depende de decisiones políticas que el Gobierno no se anima a adoptar. En el sentir de la población, existe el criterio de “no dar paso alguno porque, simplemente, no habría comisiones y participación, porque la corrupción espera su parte”. Es necesario y urgente que el Gobierno, con por lo menos un mínimo de buena voluntad y hasta deseo de luchar contra la corrupción, decida lo que corresponde sobre toda la infraestructura disponible para la realización de programas muy importantes, especialmente para cubrir las urgencias en el campo de la salud.