Primera Parte
Hago un alcance a las observaciones efectuadas en el país por el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. Añado breves aportes acerca de algunas omisiones del contenido del informe preliminar en cuestión, omisiones que posiblemente sean cubiertas en el informe final señalado para junio próximo.
En cuanto a los primeros tres puntos. La justicia está “lejos de la gente” por la cotización que ésta supone. El potencial litigante debe consultar primero su bolsillo para decidir si optará por embarcarse en el juicio o resignarse a renunciar a la defensa de sus derechos. Si se trata de un penalmente imputado, su suerte dependerá también de sus posibilidades. En suma, nuestra justicia es económicamente selectiva al margen de su presunta gratuidad, de la ley y la ética. Estos parámetros ilícitos convierten a la justicia en aún menos accesible a las mujeres y a los desheredados del Estado y de la sociedad.
La autonomía judicial indígena desde su origen es una decisión de tinte claramente político utilitario. Más que haber sido limitada por la Ley de Deslinde Jurisdiccional, este tipo jurisdiccional es distorsionado por montoneras y sus linchamientos atentatorios contra una verdadera justicia. La detención preventiva no solo se la usa irrestrictamente, sino que es un recurso de determinados jueces para ganar tiempo y negociar la libertad o la prisión del detenido. Es un factor importante de la saturación de las cárceles.
Si más de 500 jueces son transitorios o interinos viene a ser una realidad a medias. Este personal permanece en la judicatura en tanto en cuanto obedezca las instrucciones del Ejecutivo o de los poderosos del partido de Gobierno, obediencia que los convierte en jueces permanentes. Esta verdad generalizada al interior del organismo judicial rompe la Independencia de Órgano Judicial, sin ser el único factor determinante de la anomia del sistema. La crítica al 1 % del Presupuesto General del Estado asignado a la Justicia es exiguo a todas luces. Su incremento debe ajustarse prioritariamente al incremento del número de jueces para descongestionar la carga procesal. Sin embargo, deviene en tapadera hacia el reajuste de sueldos de magistrados y jueces. Que perciben menores emolumentos a nivel latinoamericano amerita una digresión, si se ve que estamos frente a una mayoría de personal poco calificado y hasta improvisado. En el exterior los sueldos son altos debido a la formación especializada de sus integrantes en centros prestigiosos, además de otras exigencias decisivas que debe cumplir el servicio. Es muy corriente en el ámbito de la Justicia que tanto jueces como fiscales sean incorporados como tales apenas titulados de abogados, con frecuencia no se aplica el requisito de experiencia de dos años de ejercicio profesional o en otras formas del mismo. ¿Dónde ocurre algo semejante?
Aunque la Ley 260 de 2012 del Ministerio Público no fija drásticas ni amplias atribuciones para su desempeño, la imputación queda a su arbitrio por lo general sin un condigno análisis exhaustivo del caso o por cálculo extorsivo. Tampoco es extraña una suerte de condescendencia del juez de la causa con los requerimientos fiscales, sobre todo si el encausado no tiene filiación oficialista. Si la denuncia es contra militantes o allegados al Gobierno, los fiscales rechazan de oficio la denuncia o querella. Salta a la vista que este brazo persecutor permanece atento a las inculpaciones de los jerarcas del régimen a través de los medios de comunicación contra opositores. Si es así son imputados apenas se presenten a declarar o, a la inversa, no disponen la investigación o la clausuran si la denuncia involucra a los adictos del régimen, aunque medien pruebas incriminatorias que los condenen.
El punto final del informe preliminar de Diego García-Sayán, comprende dos aspectos de enorme importancia. El primero señala que “la independencia de los jueces es un tema pendiente”. Esa breve afirmación asienta el dedo en la llaga por la injerencia del Gobierno en toda la escala judicial, convirtiéndola en agencia de sus designios. Se espera que el informe conclusivo sugiera una verdadera independencia del Poder Judicial y, en consecuencia, sean adoptadas medidas para su efectividad. En segundo lugar, preliminarmente incide que “se debe ajustar la elección de las altas cortes del país”. Sin embargo, no menciona que la degradación de la administración de justicia tiene que ver precisamente con el procedimiento sesgado de selección y elección de las altas cortes. No es el voto popular el responsable de la debacle. En efecto, la selección en los dos ensayos efectuados fue patrimonio privativo de los dos tercios legislativos detentados por el MAS. Tuvo su sello exclusivista y, para mal de males, la selección pecó por la falta de idoneidad de los escogidos, fue peor aún en no pocas designaciones, pero aseguraba obediencia a los gobernantes y, a la vez, retenía en sus manos un arma represiva poderosa y recurrente.
El autor es jurista, escritor y periodista.