Delitos contra mujeres y menores en investigación

La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios constituida por varios ministros y otras autoridades y representantes femeninas, hasta el momento ha detenido a unos diez implicados en consorcios de corrupción judicial. Entre los aprehendidos se encuentran jueces, abogados, médicos, una secretaria de juzgado y otra igual de menores por cobro de 5.000 dólares a un peticionario. No satisface que figure solamente un exfiscal entre los detenidos. El papel de los fiscales es determinante en este género de juicios. Los acusadores son representantes de la sociedad. Corresponde una investigación profunda del Ministerio Público.
La opinión pública ve satisfactorias las medidas y cree que se trata de un adelanto que debe seguir, reajustando e intensificando sus propósitos. La Comisión comenzó señalando que hasta ese momento eran 119 los reos liberados por jueces corruptos. Ello quiere decir que todavía no se alcanzó ni el 10 % de este número negro y dada la proliferación de feminicidios, violaciones e infanticidios, seguramente el número de 119 casos quedará corto. Entre otras medidas se sugerirá a la Asamblea Legislativa endurecer algunas penas. Para jueces y fiscales prevaricadores un incremento de cinco a 10 años de prisión; para los culpables de los delitos señalados contra mujeres y niños, de ocho a 20 años.
Entre los jueces procesados, uno fue beneficiado con detención domiciliaria. Así lo dispuso el juez Primo Flores a favor de su colega el juez Manuel Baptista, ambos de Santa Cruz, el mismo había liberado al menonita Abraham Peters, violador de 150 mujeres, a cambio de 25.000 dólares. Estos actos vistos en el interior y exterior del país, no solo son una lápida para la Justicia Nacional, sino para la reputación del país y un motivo de vergüenza colectiva. Así con esa profundidad debe ser conceptuada la situación, siendo otros muchos los motivos que nos arrastran a la reprobación internacional. Ya es tiempo de revisar nuestra conducta que, para peor, se está convirtiendo en costumbre corriente y generalizada.
Sin embargo, la actitud del Gobierno es relativa si se ve que en estos 15 años de gobierno masista se ha incrementado la tríada delictiva indicada y la delincuencia en general. Se hace necesario sanear la fuente de la designación de los jueces ordinarios en todos sus grados. Esa fuente es el Consejo de la Magistratura, contra el cual cursan decenas de denuncias y pruebas, instrumentos que bajo centímetros de polvo y tierra se encuentran olvidados en las comisiones respectivas del Legislativo. Este Primer Órgano del Estado tiene mucho que ver cuando propone la elección popular de este y del resto de los altos niveles del Estado. El Órgano Ejecutivo también es responsable de la situación a través del Ministro de Justicia. Su actual titular, Iván Lima, al iniciar su gestión amenazó con llevar a juicio de responsabilidades, precisamente, a los miembros del Consejo de la Magistratura. Al parecer sus intenciones quedaron huérfanas de apoyo en el más alto nivel del Ejecutivo y ya son historia. En el bochornoso estado de la judicatura son, pues, parte estos tres órganos estatales.