Segunda Parte
Los sectores independientes pro reforma sustancial, coligen que las observaciones del Relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, incluyen la necesidad de un “acuerdo nacional”, significando la participación de grupos e instituciones a los que se privó de voz y voto en el tema. Para este mes el ministro de Justicia, Iván Lima, anuncia llevar a cabo una “cumbre” para la reforma judicial, integrada por los propios niveles judiciales en el papel de juez y parte. El coro estará a cargo de los pseudo representantes de los movimientos sociales. Esta cumbre será la réplica de las ya realizadas inocuamente alrededor del tema. Tendremos más de lo mismo, sin positivo resultado alguno.
Al Informe preliminar del Relator le faltó como corolario la “judicialización de la política”. Este parapeto le permite al gobierno su afirmación de que “no hay perseguidos ni detenidos políticos”, sino personas de una rebuscada “delincuencia”. Es que el partido de gobierno a través de la instrumentación de la Justicia la toma como martillo de golpe contra sus opositores, haciéndoles la vida imposible mediante el asedio judicial. Se contabiliza por decenas el número de causas en curso contra los desafectos del régimen. Es, sin duda, una cruel y larga tortura, al extremo de haber causado por lo menos una víctima mortal. Para corroborarlo cedo la palabra a quienes pueden acreditar fehacientemente la crueldad de la judicialización de la política.
Que los beneficiarios de esta versión inquisitorial refinada se avengan a renunciar o acaso a enmendarla es utópico y asaz imposible lograrlo con una reforma de la Justicia. La teoría oficialista de que gobierno y poder son cosas distintas, le ha llevado a detentar el “poder total”. Esta es una “conquista” del Socialismo del Siglo XXI, de cuya praxis desenfrenada el país es el mejor ejemplo. Tanto más si, a la par, jueces y fiscales son garantes eficaces de la impunidad de oficialistas y oficialismo, cualquiera sea su culpabilidad. El escollo para emprender una reforma sustancial de la Justicia es la Constitución Plurinacional, que determina la elección popular de los magistrados y señala su selección por la Asamblea Legislativa, según hemos señalado en la Primera Parte de esta nota. Se teme que la apertura constitucional dé pie al oficialismo para introducir la elección presidencial indefinida y otras lindezas que remachen “el poder total” del masismo.
Algo que me parece extraño es que ni los partidos políticos ni los grupos que trabajan por la reforma hubieran tocado el tema de la ética, para mí factor fundante de toda actividad pública y con mayor razón del ámbito judicial y para judicial. Atribuyo a la carencia ética y moral personales la decadencia de la correcta administración de justicia. Si se enfatiza en estos insustituibles atributos, podrá esperarse fallos probos y ponderados. Ahí reposa el quid de lo que sería una evidente y real reforma y cambio de la Justicia. Quedarían garantizadas la libertad, patrimonio y honor de los ciudadanos y de quienes buscan la reivindicación de sus derechos.
Tirios y troyanos hablan de la exigencia exclusiva de conocimientos jurídicos, los más posibles y el aval de diplomas y títulos obtenidos, mas nadie indaga la aptitud ética, antecedentes, ni el reconocimiento público como datos elocuentes de conducta y ejercicio intachable de los abogados postulantes. Este reconocimiento hablará por sí mismo de la ética personal. Los conocimientos jurídicos y la experiencia profesional son factores importantes pero no son los únicos. In extremis diré que el derecho es ciencia exegética, la ley, la doctrina y la jurisprudencia son vasta orientación legal y jurídica, todos susceptibles de consulta y a disposición de los que se interesen en ellos. Creo que esto es bastante para que los togados no incurran en error en la aplicación de Justicia.
El autor es jurista, escritor y periodista.