El Consejo de la Magistratura, por encargo de la Comisión de seguimiento a los casos de feminicidio, violación y asesinatos, decidió cesar de sus funciones a 11 de los 18 jueces de ejecución penal y remitir a otros siete a procesos disciplinarios, luego de la revisión de más de 1.000 expedientes
Estas medidas son necesarias, pero siguen siendo insuficientes, pues hay mucho por mejorar. El monitoreo (seguimiento) no solo a esas instancias sino a todas, por parte de las autoridades, debe ser constante; para nadie es desconocido que el problema de la justicia es complejo y grave, dado que casi el conjunto de los operadores de justicia comete actos de corrupción, salvo honrosas excepciones, claro está.
La corrupción es un fenómeno social que se ha extendido por todo lado, especialmente en la administración pública y de modo particular en la justicia, de tal forma que se ha naturalizado, es decir, es parte de los “usos y costumbres” de nuestra sociedad.
Ya nadie se ruboriza ante las prácticas maliciosas o poco éticas (estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables), por ejemplo, entregar dinero o reconocer con “alguito” al servidor público, no es correcto. Además, estos señores se mal acostumbran a eso, y muchos trámites no se activan o “se duermen”, porque simple y llanamente no recibieron algún incentivo. Similar es la situación cuando se comete una infracción de tránsito, muchos optan por pagar (coimear) al policía, antes que ir a Tránsito o al banco. Se tiene arraigada la idea de que es mejor solucionar en el lugar de los hechos, y no ir a dependencias policiales, donde el caso puede tornarse peor, pues se corre el riesgo de ser maltratado, a que no ser escuchado y sea una pérdida de tiempo.
El escritor Fernando Savater señala sobre la cuestión ética que no hay medidores, no hay “moralometros”, no es que hoy exista más o menos ética, no hubo ninguna época donde la gente haya dicho “que suerte tenemos de vivir en este siglo, donde todo el mundo es moral, o que todos son éticos”.
La administración pública y la judicial son instituciones de carácter técnico y no político, es decir, no deben estar sometidas a la política, además de preservar la moral (conjunto de costumbres y normas que se considera buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en la sociedad). Pero lo que se ve en la práctica es lo contrario, no hay moral y existe una descarada intromisión política, principalmente en el ámbito judicial.
El jurista Ronald Dworkin entiende que “el derecho no es algo distinto de la moral sino una parte de esta”, de ahí que habría que pensar incluso en una teoría del derecho, como un complemento especial de la moralidad política.
La eficiencia de la administración pública y de la justicia se mide por resultados, a prima facie estos son negativos, a pesar de que el aparato burocrático desde hace tiempo cuenta con un conjunto de roles formales y especializados que, al parecer, no son implementados adecuadamente.
Frente al panorama descrito, pareciera que todo está perdido, que las cosas son irremediables, pese a ello se debe propender a buscar soluciones, somos corresponsables de lo que nos pasa. A propósito, el poeta Jorge Luis Borges en una ocasión, al principio de uno de sus cuentos, hacia la siguiente reflexión sobre cierto antepasado suyo: “Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir”.
Parafraseando a Savater, los males del principio no deben ser los mismos del final, algo se tiene que hacer. Si bien nacemos rodeados de males, no podemos resignarnos a que los males del final vengan después de haber resuelto los males del principio.
El autor es politólogo – abogado y docente universitario.
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