En materia de Derecho Penal, delincuente es el que ha cometido un delito y éste, de acuerdo con el Diccionario de Derecho, es el que incumple una ley. Pero la misma ley penal determina que para que una persona sea calificada de delincuente, debe serle probada la conducta ilegal en un proceso justo, en caso contrario es solo un sospechoso.
Delincuente confeso es el individuo que, habiendo cometido una violación a la ley, reconoce su autoría, aunque debe hacerlo sin ser coaccionado, es decir libremente. En este caso el infractor confeso, habiendo confesado su culpabilidad, es tomado como tal.
El expresidente Evo Morales Aima, en su gobierno de catorce años, en varias oportunidades señaló a los opositores que eran perseguidos políticos por el aparato de justicia –y que dejaron el país, para evitar su encarcelamiento, pues estaban ya condenados de antemano por el gobernante autoritario–, de ser “delincuentes confesos”. Es decir, que huían del país porque eran culpables, cuando todos sabemos que lo hacían por resguardar su libertad ante el poder político que utilizaba y utiliza la justicia como mecanismo de represión y persecución política.
Lo irónico del asunto es que cuando el dirigente de los cocaleros del Chapare cochabambino y presidente por tres períodos, con el propósito de ser presidente “ad perpetuam”, se complicó en un grosero fraude electoral en las elecciones generales de octubre de 2019, la que fue auditada por expertos de las OEA, y ante la movilización espontánea de miles de ciudadanos, renunció a la presidencia junto al vicepresidente y demás individuos en la línea sucesoria del mando político del país. Huyó del país en un avión que le fue enviado por el populista presidente de México, y mayoritariamente dejaron el país o se refugiaron en la sede de la embajada de ese país, es decir que, de acuerdo con lo sentenciado por el jefe populista, se declararon “delincuentes confesos”.
Cabe recordar que cuando cayó el gobierno y fue asesinado el presidente Gualberto Villarroel, los grupos comunistas de ese tiempo, rotulados como “piristas” aliados a la vieja “rosca”, desataron una “cacería de brujas” contra los jóvenes militares y dirigentes del partido que gobernó con el presidente asesinado. El dirigente nacionalista José Cuadros Quiroga, que se encontraba en la clandestinidad, envió una carta al director del periódico EL DIARIO, en la que hacía saber que se entregaría a la justicia, como lo hizo, pues él no había cometido ningún delito que le imputaban. Por supuesto que la consigna de represión judicial de ese tiempo, luego de su declaración, dispuso su encarcelamiento.
En la agitada vida política de nuestro país, varios dirigentes han preferido enfrentar la persecución y luchar por sus ideales, antes que ponerse a “buen recaudo”. Así lo hizo el protomártir de la independencia Victorio García Lanza que, pese a la oferta del sanguinario José Manuel de Goyeneche, que los que se rendían y entregaban serían tratados con justicia, no lo hizo, pues prefirió morir luchando que sentenciado. Su hermano mayor, Gregorio García Lanza, se acogió a la oferta del represor y aconsejó a Victorio que se entregue. Fue ahorcado el 29 de enero de 1810, junto a otros protomártires, mientras Victorio y otros murieron luchando en los Yungas contra el poder colonial.
Algunos de estos “delincuentes confesos”, que estuvieron protegidos por el populismo mexicano en la residencia de la embajada de ese país, ahora hablan en los medios de comunicación del inventado “golpe de Estado”, pero no hacen referencia a los motivos de su huida o búsqueda de asilo, pues hay un viejo adagio que dice: “el que nada tiene (en su conciencia) nada teme”.
Creemos que es tiempo de superar la división y odio entre bolivianos, y practicar la democracia con el diálogo y el entendimiento, por encima de posturas autoritarias e ilegales, y menos aún, con un aparato de justicia convertida en policía política, que daña el “estado de derecho” y la seguridad jurídica de todos y cada uno de los bolivianos.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.