Estabilidad económica y cuestión social

Como en todos los años, las diversas organizaciones sociales –la mayoría respaldada por la COB– piden y exigen que tanto el Gobierno como la actividad privada dispongan aumentos salariales que efectivamente repongan las diferencias creadas por la inflación. En ninguna gestión llegó a cumplirse esa exigencia y anhelo; pero los acuerdos tomados cubrieron en algún modo las expectativas laborales y cada nueva gestión es motivo para mayores exigencias. Lo cierto es que los sueldos impuestos para lo que se consume y usa son siempre bajos y no llegan a cubrir los porcentajes a los que llegó la inflación porque ni el Gobierno ni el sector privado encontraron los medios para satisfacer las exigencias.
Esta vez, dadas las demandas creadas por la pandemia y que determinaron encarecimientos mayores de lo que se usa y consume, tendría mayor razón para que los incrementos en el campo social sean mayores; pero las posibilidades que ha dejado la pandemia, basadas en el mayor costo de lo que se produce, las menos posibilidades adquisitivas del mercado y los aumentos excesivos que han aplicado los comercializadores, dan lugar a que la mayor crisis caiga también –y en mayor grado– sobre el Gobierno y la actividad productiva privada; en otros términos, la situación económico-financiera de todo el país es crítica y nadie tuvo la precaución de crear reservas que permitan cubrir los desmedros producidos por la pandemia que, por supuesto, afectó seria y terminantemente a todo el país.
¿Qué hacer ante semejante circunstancia? Dadas las condiciones de excesiva pobreza del país, el agravamiento producido por los extremos del virus, el encarecimiento del costo de vida, la disminución de ventas de todo lo que se pueda y deba comercializar, la acción cada vez más perniciosa del contrabando, el mayor empobrecimiento de la población, la disminución de ingresos que han tenido las dependencias del Estado, los préstamos que hubo necesidad de contraer para cubrir urgencias y muchos otros problemas dan lugar a que todo pedido de aumento salarial sea racional, pero ni el Gobierno ni el sector privado serán capaces de cubrir.
La situación, pues, es crítica y el sector social tendrá que amortiguar con mucho sacrificio las consecuencias que, especialmente en los primeros tiempos, serán muy difíciles. En cualquier otra circunstancia, se puede apoyar y sugerir más comprensión e incremento para los trabajadores, según las posibilidades que tengan las empresas para resarcirse de los aumentos y hacer frente a situaciones difíciles. Sin embargo, las circunstancias –determinadas por la crisis derivada de la pandemia– no dejan otro camino que pedir que las autoridades apoyen seriamente al sector privado y lo ayuden a vencer una crisis no creada por ellos, sino por los fenómenos que vive todo el mundo. Ese frente privado, conjuntamente el Gobierno, tendrá que ser capaz de superar el difícil cuadro; de otro modo, las dificultades podrían adquirir condiciones muy graves.