Argumentando que el proceso iniciado por Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas del Silala, es prácticamente un caso perdido, el economista e investigador, Milton Lérida Aguirre, señaló que el país aún cuenta con la opción de desconocer cualquier fallo que esta instancia emita, por afectar los intereses del Estado.
En contacto con EL DIARIO, Lérida manifestó que debido a la forma en que se ha encarado esta demanda contra Bolivia, por parte de autoridades nacionales, es muy probable que el fallo final sea desfavorable para los intereses nacionales.
A esto se suma la postura e iniciativa boliviana para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declare el acceso al agua como un derecho humano y el uso que se le da a este recurso, desviado artificialmente, desde el país hasta poblaciones chilenas para su consumo. “El tema del Silala, en la práctica, ya creo que lo tenemos perdido”, indicó.
Sostuvo que, a lo largo de la historia, se han presentado casos en los que las partes afectadas por una determinación de esta corte, no acataron la resolución final y es un aspecto que se debe considerar.
“Hemos visto alrededor de 11 decisiones que han tomado los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, las cuales no han sido acatadas por los países que han sido afectados”, dijo.
Manifestó que el caso más cercano, geográficamente, corresponde a un proceso entre Chile y Argentina por la soberanía sobre islas al sur del continente, fallo que favoreció al país trasandino, con posterior desacato argentino. Este conflicto que amenazaba con una salida bélica finalmente fue solucionado tras una intervención de la Santa Sede.
“No tomaron en cuenta el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Bolivia puede decir que no va aceptar la resolución de los jueces de La Haya como ha ocurrido en otros casos”, indicó.
Similares casos se dieron en el mundo, involucrando a países que no acataron la determinación de esta corte, según el especialista. “Bolivia tiene la oportunidad de decir de entrada: señores de la Corte, Bolivia no va aceptar una decisión contraria a los intereses y que afecte la soberanía del país y los jueces van a tener que tomar en cuenta esta decisión”, indicó.
Lérida señaló que el Estado boliviano puede asumir esa posición y negarse a aceptar, aunque existe incertidumbre de que el Gobierno opte por esta salida, que además debe ser argumentada por el equipo jurídico que representa al país.
Otro aspecto a tomarse en cuenta es la finalidad de la Corte de La Haya, como ente para resolver controversias entre Estados sin que este sea el caso. “La Corte ha cometido una especie de prevaricato, porque ha aceptado una demanda que no corresponde solucionar y analizar en esta instancia, en este caso es un problema entre Bolivia y una empresa privada”, finalizó.
Bolivia tiene la opción de desconocer fallo de La Haya
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