“Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopte medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Ése es un concepto incorporado a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces ¿cómo puede una persona de inteligencia promedio entender que su segunda autoridad, el segundo hombre más importante del país, el que debe dar ejemplo de sometimiento a la ley, el llamado a constituirse en querellante de quienes atentan contra los bienes del Estado, haga una declaración pública tan profana e igual de irresponsable que la que en Copacabana hizo, para no solo consentir, sino también para festejar el crimen que el pasado 2 de agosto hizo un joven indígena? El vice, en un patético extravío de lo que es historia, cree que todo lo malo vino del conquistador, cuando muchas lacras que condicionan nuestro desarrollo humano han nacido de nuestros pueblos originarios, vicios que hasta ahora no podemos superar.
Como muchos bolivianos, quedé despavorido al comprobar que David Choquehuanca, que como ministro de Relaciones Exteriores ha tenido una dilatada experiencia diplomática en los foros de la ONU y que se presume tiene información respecto a sus postulados principistas más básicos, pueda haber tenido una intervención tan desafortunada como la de Copacabana, cuando llamó “wawa” (bebé, en quechua) a un delincuente confeso y en flagrancia que atentó contra el patrimonio cultural e histórico del país.
No estoy seguro de cuál acción es más grave: si la del vándalo —que de wawa solo tiene el cociente intelectual, pero que es capaz de desafiar al sistema de justicia porque sabe, y con razón, que no pasa de una ilusión de los débiles— o la del encubrimiento de una autoridad de tan alta investidura que no se ha pasado ni por el forro a Rousseau, Locke o Montesquieu, y que, en consecuencia, no tiene ni la más peregrina idea de lo que es un Estado de Derecho. La triste alocución de Choquehuanca confirma que Bolivia es un país en el que, si bien existe un orden jurídico que supone un sistema de legalidad, no es un Estado de Derecho (para evitar alguna confusión, un Estado de Derecho es un Estado sometido al derecho, o, dicho más didácticamente, “el imperio de la ley”, que en nuestra fétida justicia se la sustituye con la colusión entre algún órgano del Estado y el Judicial).
Por eso está visto que nuestra justicia nunca condenaría a Santiago Mamani; él goza de especiales cuidados, los cuales son una tácita advertencia a los jueces para que absuelvan al delincuente. Y como los administradores de justicia —salvo excepciones— no son precisamente arquetipos de capacidad profesional ni de integridad moral, no desafiarán la voz imperativa de los circunstancialmente poderosos castigando a los que verdaderamente delinquen o absolviendo a los inocentes, según las directrices de sus amos. Está ampliamente probado que vivimos en un régimen irrespetuoso de la separación de poderes, que resulta de la lucha histórica contra el absolutismo medieval porque una “wawa” violenta que ha delinquido es inmune a la acción de la ley, bajo amenaza de un levantamiento indígena.
De su dilatado trajín diplomático el vice no aprendió ni pizca de lo que es un Estado de Derecho. Choquehuanca, encuevado en todo lo pernicioso ancestral, debe más bien practicar lo altruista aimara, y, sometiéndose a la Constitución, cuidar la vida, la salud, la seguridad y la educación de las wawas que están siendo asesinadas o explotadas sexualmente o que están muriendo de leucemia o trabajando, cuando deberían estar estudiando, jugando y libres de toda violencia.
El autor es jurista y escritor.