La Constitución Política del Estado establece en el Art.324 que “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado” y el Art. 328.I dice que “Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 5. Administrar las reservas internacionales”, mandatos constitucionales que el gobierno de Luis Arce NO CUMPLE, porque su política económica está llevando a que Bolivia sea un Estado fallido.
Fundación Jubileo en su informe “Bolivia, un ciclo entre el deterioro de la economía y la preservación de la Democracia (2015.2022)” presenta que la deuda externa del país de 2012 a 2021, desde 2014 de 6.036 millones de dólares se incrementó a 12.580 millones de dólares a julio de 2021, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia. Y que la deuda interna se triplicó, de 2018 de Bs. 37.422 millones de bolivianos, en 2019 subió a 44.277 millones, en 2020 a 71.039 millones de bolivianos, haciendo un total de 26.000 millones de dólares. Ello demuestra la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) con el aumento del Déficit Fiscal y la desaceleración de la economía. Y es que, a pesar de la bonanza de altos precios de las materias primas, NO HUBO AHORRO, por el despilfarro del gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales y su ministro Luis Arce, hoy presidente.
Según datos del Ministerio de Economía, la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN) creció de 28.664 millones de bolivianos en 2014 a 95.253 millones de bolivianos en 2021, o sea no hay concordancia con las cifras emitidas por el Banco Central de Bolivia. Significa que la economía se maneja con ineficiencia, irresponsabilidad y discrecionalidad, por la tendencia de aumentar el gasto y el déficit fiscal que sube exponencialmente, ya que el interés y el capital de la deuda externa son pagados con divisas y presionan la caída de las RIN. Reservas que en 2014 llegaron a más de 15.000 millones de dólares, hoy solo llegan a 4.534 millones de dólares, a febrero de 2022, con la política del despilfarro de Arce por financiar a las empresas deficitarias que fueron creadas para satisfacer a militantes masistas.
En 2020, el Movimiento al Socialismo (MAS) de manera dudosa ganó las elecciones generales. Luis Arce que ya cumplió un año en el cargo, lejos de tener paz para gobernar, enfrenta sistemáticas protestas de las regiones, de los opositores políticos y de los grupos civiles que se oponen a sus leyes autoritarias, persecutorias. Y el cherry en la torta es el abuso de poder, ya que entre noviembre y diciembre de 2021 Arce destinó Bs. 5 millones para la difusión de publicidad en vallas en distintos puntos del país y en mangas de aeropuertos, con su imagen, con los contratos de manera directa. Ya está en campaña electoral buscando su reelección, sin importarle los bloqueos realizados por varios sectores, como transportistas de hidrocarburos, campesinos de la provincia Ingavi exigiendo la doble vía de la carretera al Desaguadero, los maestros exigiendo más ítems, y otras marchas en la ciudad de La Paz.
Se requiere políticas de Estado para la reactivación de la economía y dar soluciones a los conflictos que se inician por la inflación, empezando por las demandas de los que elaboran pan, ya que el gas no es suficiente porque se acaba y ya no genera suficientes ingresos. Por el contrario, se protege a masistas corruptos, como el gobernador de Potosí, Jhony Mamani, que compró 41 ambulancias, denominadas “fantasmas”. Pero sigue ejerciendo el poder para evitar la imputación por compras irregulares, ya que las ambulancias están en Chile con logo de la gobernación.
En el mundo los precios de los alimentos y combustibles han subido, por la invasión de Rusia a Ucrania, países que son grandes exportadores de muchos productos básicos, como gas, petróleo, carbón, fertilizantes, trigo, maíz y aceite de semillas. Dicha elevación recae también en nuestro país y afecta a familias con ingresos bajos, por interrupciones en suministros, lo que podría provocar hambre e inseguridad alimentaria. La presión inflacionaria puede mermar el salario y los ahorros reales y aumentar la pobreza y extrema pobreza en Bolivia.
Angélica Siles Parrado, Economista, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.