La presencia cada vez mayor de grupos dedicados a delinquir tiende a aumentar en el país; especialmente ciudades como Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba confrontan la presencia de quienes buscan hacerse de lo ajeno y asaltan locales como supermercados, asaltan a personas en las calles, atacan a quienes no entregan lo que portan personalmente, buscan destrozar partes importantes de vehículos cuando sus dueños no acceden a entregar llaves y, en cuanto hay oportunidad, los agreden en garajes y sitios públicos, como represalia porque no lograron su objetivo. En algunos casos se profiere amenazas contra personas y hogares, con riesgo de lastimar a niños, ancianos y mujeres carentes de protección. Denuncias posteriores que son hechas ante la Policía no dan resultado alguno y lo que hacen los delincuentes es abusar hasta los peores extremos, atentando contra la seguridad y tranquilidad de las personas cuando no son aceptadas sus exigencias.
Muchas veces, en el curso de los últimos cinco años, se han producido muchas denuncias sobre la delincuencia que tiende a aumentar. Es urgente que el Gobierno disponga refuerzos en los cuadros policiales, y las autoridades judiciales deben establecer cuántos delincuentes purgan por sus faltas y delitos, determinar si han sido juzgados o no, verificar estados legales. Asimismo, es necesario ampliar espacios en los recintos carcelarios y, finalmente, evitar la presencia de niños y mujeres inocentes junto a quienes han delinquido. Cuando un delincuente es apresado y entregado al juez, se debe seguir los procedimientos para las sanciones consiguientes; en segunda instancia, levantar estadísticas sobre los casos delictivos habidos en los diferentes recintos del país y cuántos ya tienen sentencias.
La comunidad vive pendiente de que en cualquier momento se vea asaltada, maltratada y desposeída de lo que tiene; los cuadros policiales son insuficientes para apresar a quienes violan las leyes; en los supermercados y sitios de venta de artículos de uso y consumo no se sabe si optar por confiar en la Policía o pedir autorización para organizar grupos que cuiden los diversos negocios y los establecimientos educativos, conjuntamente hogares que peligran.
El país no puede quedar a merced del bandidaje, que tiende a aumentar peligrosamente y es el Gobierno quien debe decidir qué medidas podrá tomar contra quienes decidieron vivir a costa de una población que querría vivir en tranquilidad, evitando ser víctima de lo ilegal, especialmente cuando las autoridades son insuficientes para reprimir delitos.
Conductas negativas contra la seguridad del pueblo
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