En audiencia de juicio por el denominado caso golpe de Estado II, los exjefes militares que guardan detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, rechazaron las acusaciones por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución.
El almirante Flavio Arce San Martín, aseguró que no participó en los hechos de los que se lo acusa.
“No comprendo exactamente por qué se me acusa porque yo no he participado directamente de ninguno de esos hechos. La función la ejercí a partir del 24 de diciembre del 2018 y era el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (FFAA), la misma que culminé el 12 de noviembre de 2019”, aclaró.
Apuntó que no los pueden acusar de no asegurar que el expresidente termine su gestión, ya que este, al igual que el vicepresidente y todo el gabinete de ministros, renunciaron a sus cargos el 10 de noviembre de 2019 “y las FFAA no tienen competencia para hacer nada al respecto”.
Manifestó que el lunes 11 de noviembre de 2019, el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, “agradece a las FFAA y, notablemente emocionado, lamenta lo que había sucedido”. Entonces, el general Williams Kaliman le ofreció “alojamiento y seguridad en el comando en jefe, que hace extensiva también al ministro (Diego) Pary, que en ese momento había hablado”.
El almirante apuntó que en el Comando en Jefe son aproximadamente 235 personas, empero quien tomaba la decisión y daba las órdenes era el general Kaliman.
Por su parte el general Jorge Mendieta se avocó a desglosar la misión constitucional de las FFAA y no encontró ningún tipo de delito que hubieran cometido los ahora acusados. Deslindó toda responsabilidad de los acontecimientos provocados por la parte política.
Por otro lado, los abogados que patrocinan a los acusados pidieron que el tribunal emita una sentencia absolutoria, porque sus clientes no cometieron los delitos por los que se los acusa.
DATOS
En criterio del coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, el tribunal tendrá un serio problema para emitir una sentencia sea esta absolutoria o condenatoria.
“El tribunal tiene que evaluar profesionalmente en base a todos los elementos probatorios que se han presentado para que al final se haga justicia de una manera imparcial, respetado el debido proceso”, dijo.
No obstante apuntó que los patrocinadores de los militares denunciaron que no se respetó el principio de igualdad procesal porque se les impuso plazos de 15 minutos para cada uno de los abogados y cuando participaba la parte acusadora, el tiempo era sobrepasado.
“Si no hay el principio de igualdad, entonces no se viabiliza un fin importante que es el de coadyuvar a los hechos y a la verdad material, pues se limita la expresión de los que quieren defenderse y se ven coartados en expresar todos los detalles que ellos quieren hacer conocer al tribunal”, advirtió.
El tribunal decidió que el juicio entre en receso hasta el día martes 12 de abril, donde se verá la prueba documental.