El país tiene posibilidades de vender gas natural, aparte de Brasil y Argentina, al Perú, Paraguay y otros mercados. Pero, por falta de descubrimiento de nuevos reservorios de este combustible es posible que no podamos atender nuevos requerimientos del mercado y tengamos problemas de abastecimiento interno.
Como nos recuerda Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, la política de hidrocarburos de los últimos 15 años es que se privilegió en maximizar la renta petrolera con la explotación acelerada de los campos previamente descubiertos, descuidando la exploración de nuevos yacimientos.
Las inversiones de las empresas petroleras llegaron a su pico más alto en 2016, con 2.132 millones de dólares. En 2007 y 2008, juntos, no llegaron a los 300 millones; el 2020 estuvo en 246 millones de dólares y en el primer semestre de 2021 se alcanzó los 86 millones de dólares. Para subir las reservas y aumentar la producción, dicen los expertos, se necesita invertir unos 1.500 millones de dólares al año.
Una de las causas para que no tengamos las reservas de gas necesarias y atender las necesidades energéticas de los países vecinos es que Bolivia está a la zaga –entre los países latinoamericanos– en captar la Inversión Extranjera Directa (IED).
Ante la progresiva caída de la IED en los últimos años, coincidiendo con la reciente investigación de la Fundación Milenio, traducida en el libro “El capital constructivo, la inversión extranjera en Bolivia” el Gobierno debe esforzarse por atraer el ahorro externo.
En el libro –que contó la colaboración de varios investigadores–, se señala que de 2005 a 2011 Bolivia captó 1.761 millones de dólares en promedio de IED; de 2012 a 2017 otros 5.069 millones de dólares, pero de 2018 a 2020 se tuvo un flujo negativo de -1.012 millones de dólares. Mientras, los otros países de la región recibieron millones de dólares de capital fresco.
En febrero de este año, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, informó que el Gobierno ya trabaja en la modificación de la Ley 3058 de Hidrocarburos, norma que ya “cumplió su ciclo”.
Mientras, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos remarcó que urge hacer una reforma adecuada a los tiempos internacionales y ojalá también se pueda trabajar en la despolitización de la estatal petrolera. De lo contrario no se atraerá inversión extranjera y la estatal no podrá hacer sola el trabajo.
Para captar el interés de los inversionistas extranjeros el país necesita hacer algunos cambios urgentes. Lo primero, mejorar la Ley de Arbitraje y luego preparar una nueva Ley de Inversiones, que contemple un tratamiento especial para la inversión extranjera directa.
Si queremos inversionistas para descubrir nuevos reservorios de gas, urge también una nueva Ley de hidrocarburos y otras normas sectoriales que permitan garantizar las inversiones que se haga. Debemos reconocer que las actuales leyes, propias de un sistema económico centralizado, no cumplieron su objetivo de captar más recursos económicos.
Sin una reforma judicial, que garantice la independencia de este Poder, no podemos pensar en atraer inversionistas.
Ante la escasez de reservas de gas, el sector industrial del país ya planteó la necesidad de prever el cambio de matriz energética, para evitar sobresaltos en este sector productivo.
A principios de este año el gobierno hizo conocer su intención de vender electricidad a Argentina, Brasil, Chile y Perú. En el primer caso espera exportar 120 megavatios de energía, por lo que ENDE Corporación retomó la construcción de la línea eléctrica que forma parte del proyecto “Juana Azurduy de Padilla”. La obra tiene casi un 90 % de avance.
De acuerdo con los planes del Gobierno, este año podría empezar la exportación de electricidad a Argentina, cuando concluya el tendido de la línea de transmisión de 74 kilómetros, que podría llevar 120 MW. Y en 2023 espera concluir la planta de generación eléctrica en Santa Cruz, de aproximadamente 100 mega wats, que le permitirá exportar energía al Brasil.
Actualmente, el 75 % de la energía en Bolivia se genera con métodos termoeléctricos que tienen un impacto elevado en la emisión de CO2. Adicionalmente, los sectores de comercio y servicios pagan tarifas especiales con reajustes que se incrementan un 6 % en promedio cada seis meses.
Pensando en el cuidado del medio ambiente, esperamos que el Gobierno termine la segunda fase de la Planta Solar Fotovoltaica de Oruro, que generará 50 MW. Los parques eólicos en Warnes, San Julián y El Dorado en Santa Cuz, generarán otros 108 MW.
También están los proyectos eólicos La Ventolera y Warnes II, que podrían terminar el 2024. De igual forma, se retomaron los trabajos en la planta de energía geotérmica, cuya planta piloto en Laguna Colorada podría terminar este año.
Para que estos proyectos no queden en los papeles y se puedan concluir los que están en ejecución, es necesario hacer atractivo al país para el inversionista extranjero.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE.