La justicia aplica el “derecho penal del enemigo” en el caso de Marco Antonio Aramayo, a quien le iniciaron 256 procesos penales por denunciar irregularidades en el exFondo Indígena, y que hoy se debate entre la vida y la muerte por un coma diabético, manifestó a EL DIARIO el abogado Marcio Ramos.
“Con Aramayo se aplica el derecho penal del enemigo. Su detención es ilegal, nadie puede estar más de seis meses cautelado y el juicio no debería durar más de dos años, él está detenido más de siete años. Lo peor es que él es el denunciante, ese proyecto (Fondo Indígena) se creó para que las organizaciones se alineen con Evo Morales, eran millones de bolivianos para conquistar a los supuestos indígenas, el dinero se manejó discrecionalmente, eran depositadas a cuentas privadas, sacaban la plata en gangochos, sin personería jurídica a las supuestas organizaciones”, recordó.
Aramayo reveló en 2016 que dos años antes la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo (MAS), autorizó el desembolso de 575 millones de bolivianos, en pleno año electoral, pese a la deuda y a la quiebra técnica de la entidad estatal.
En 2014, el abogado Alan Zárate afirmó, luego de un estudio realizado, que la concepción ‘discriminadora’ del derecho penal del enemigo se aplica en la justicia del país, y se encuentra plasmada en diferentes normas jurídicas como la Constitución Política del Estado (CPE), el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 004, la Ley 007, la Ley 348 y el Decreto Supremo 138. El tema de análisis está comprendido en el libro de su autoría: Derecho Penal del Enemigo en la Legislación Boliviana.
“El derecho penal del enemigo es un fenómeno de exclusión penal, sin lugar a dudas es un uso discriminador de la potestad punitiva, puesto que el Estado al ejercer la potestad punitiva es quien decide qué es delito, cómo sancionarlo, a quién sancionar, pero este poder también se representa como un poder de vigilancia y neutralización, y por ello en determinadas oportunidades necesita ese poder para neutralizar a quienes le representan un peligro coyuntural”, señaló Zárate, en esa época a Erbol.
El derecho penal del enemigo es una construcción teórica del profesor Gunter Jacobs que presenta la distinción de dos polos en el derecho penal: el derecho penal para ciudadanos y el derecho penal para enemigos.
“A quien se individualiza como ciudadano vamos a respetarle las garantías y derechos mínimos que le asisten; sin embargo, al individuo a quien consideramos enemigo, primero lo estamos despojando de su estatus de persona, por ende no es ciudadano ni sujeto de derecho y por ello no le asisten los derechos y garantías mínimas que nos asisten a todos en todo el globo terráqueo”, señaló.
El derecho penal del enemigo, agregó Zárate, puede utilizarse a través del aparato estatal cuando no se tiene una verdadera división e independencia de los órganos de poder.
“Cuando el Órgano Judicial está sometido al Órgano Ejecutivo, sin lugar a dudas es más posible que se dé el derecho penal del enemigo, pero también al tener normas penales configuradas de manera demasiado abstractas y genéricas, viola el principio de legalidad y de taxatividad y más allá de un uso arbitrario de un gobierno de turno o del Estado, el juez también puede crear derecho, al tener la norma abierta puede arbitrariamente perseguir indebidamente a las personas con estos elementos cuestionables en la legislación”, apuntó.
Este fenómeno de exclusión penal planteado por Jacob, señala Zárate, tiende a estar presente en las legislaciones nacionales a través de determinados dispositivos legales “que se incrustan en las legislaciones, como excepción primero, pero que tienen a generalizarse de manera solapada”; y además “representa un peligro para el Estado de Derecho puesto que este fenómeno de exclusión penal tiende a debilitar las garantías, los derechos fundamentales y se pone al servicio del gobierno de turno”.
VÍCTIMA DE MORALES
De acuerdo al abogado Eusebio Vera, que patrocinó a Aramayo, dijo que el exdirector del Fondo Indígena (2013) es víctima de Evo Morales y la justicia boliviana, solo por denunciar los hechos de corrupción, despilfarro y desfalco millonario que se registraron en esa entidad.
“Marco Antonio Aramayo es víctima del gobierno masista de Evo Morales y es víctima de la justicia boliviana que se ve sometida en un momento de crisis profundo”, dijo Vera.
Aramayo fue ejecutivo del Fondo Indígena entre septiembre de 2013 y febrero de 2015, denunció a través de un informe las irregularidades que se registraban en esa institución. Empero, hasta el 3 de marzo de 2015 enfrentaba 120 denuncias, todos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Hasta el pasado año se conoció que el exdirector enfrentaba 256 procesos, tiene dos sentencias y fue trasladado a diferentes centros penitenciarios del país, ha enfrentado un sin fin de audiencias en diferentes juzgados del país.
En ese contexto, Vera manifestó que los procesos que pesan en su contra no tienen consistencia, incluso afirmó que el Ministerio Público desdobló los procesos de forma irregular, hecho que ayudó a que las denuncias se incrementen de forma arbitraria.
Vera explicó que cuando patrocinó al exfuncionario del Fondo Indígena, las denuncias llegaban a 126 y muchas de ellas fueron desdobladas, es decir que por un mismo hecho se desprendieron dos, tres o más procesos, en diferentes departamentos del país, extremo que impedía que un solo abogado atienda los casos.
SALUD DELICADA
La directora del Hospital de Cotahuma, Elba Espejo, informó ayer que Aramayo, con 256 procesos y siete años preso, es sometido a varios exámenes complementarios en función de la evolución que presente y su “cuadro es muy delicado por el diagnóstico de falla multiorgánica”.
“Al momento los médicos especialistas lo están estabilizando, pero el cuadro es muy delicado por el diagnóstico de falla multiorgánica y el paciente también hizo el cuadro de shock séptico, un shock de cardiogénico, por lo tanto tenemos que esperar para podernos colaborar por los exámenes complementarios de gabinete que es manejado en la unidad de terapia intensiva”, dijo Espejo.
Aramayo fue trasladado de emergencia el jueves (14) de la cárcel de San Pedro al Hospital de Clínicas y el sábado fue transferido al Hospital Cotahuma, donde fue internado en la unidad de terapia intensiva, los médicos especialistas trabajan en estabilizarlo.
“Esta intubado, está en una de nuestras unidades de terapia intensiva, manejado por los médicos especialistas, y todo el equipo multidisciplinario, vale decir, enfermeras especializadas en el área. Asimismo, con el manejo y el esquema de tratamiento que cubre el sistema único de salud”, agregó Espejo.