Después que el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía en La Paz determinó la baja definitiva, sin derecho a reincorporación, para el suboficial Jaime Castelú, uno de los acusados por el presunto motín policial de 2019, el abogado Ramiro Carrillo aseguró que la misma no puede ejecutarse aún porque está pendiente un recurso de inconstitucionalida a la Ley 101.
El abogado Ramiro Carrillo, que patrocina a Castelú, explicó a EL DIARIO que en septiembre de 2021, presentó una acción de inconstitucionalidad concreta contra la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (101) porque vulnera el debido proceso, recurso jurídico que aún no fue resuelto, por lo que no puede ejecutarse la baja de su patrocinado.
Carrillo refirió que el artículo 82° del Código de Procedimiento Constitucional señala: “Promovida la acción no se interrumpirá la tramitación del proceso, mismo que continuará hasta el momento de dictarse la sentencia o resolución final que corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional”.
En ese marco, Carrillo manifestó que el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía en La Paz, no debió emitir la resolución de baja de su patrocinado, empero la “presión política” los hizo tomar decisiones apresuradas.
El jurista recordó que el proceso que le siguen a su patrocinado tuvo varias irregularidades como que el poder otorgado por el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, (denunciante) a los tres abogados que lo representan en el proceso contra efectivos policiales es solo para presentar memoriales en la etapa de investigación y no para asistir a las audiencias de juicio, empero lo hicieron.
BAJA
Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, socializó a través de sus redes sociales, la resolución de baja del suboficial.
Según el documento, el suboficial es acusado de vulnerar el artículo 14 numeral 10 de la Ley 101, el cual prohíbe a los policías instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión.
También fue acusado de vulnerar el artículo 12 numeral 3, que prohíbe formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno.
“Continuamos dando justicia al pueblo boliviano, en este sentido informamos de la baja del Sof. My. Jaime Castelú Coca, por transgresiones a la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana”, escribió Del Castillo.
DATOS
La acusación contra un suboficial de la Policía, por cometer faltas graves durante los conflictos de 2019, es solo para escarmentar a los efectivos y desmembrar la institución, manifestó el expolicía David Vargas y la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas.
El 18 de enero de 2021, el Viceministro de Descolonización presentó una denuncia contra 26 funcionarios policiales por faltas graves disciplinarias durante el presunto motín de noviembre de 2019.
El 21 de abril pasado, la Fiscalía Departamental Policial de La Paz informó que en el proceso disciplinario habían acusado al suboficial Castelú y tenían pendientes otras investigaciones contra nueve funcionarios policiales.
El jurista precisó que las pruebas presentadas contra el efectivo del orden fueron fotografías y videos que no evidencian la falta que presuntamente cometió.
La representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, apuntó que detrás de los procesos está la mano política de Evo Morales quien busca “defenestrar a la Policía”.
“Quieren dar un escarmiento destruyendo a toda la Policía a quienes quiere reemplazar con gente inescrupulosa, como pasó en Venezuela”, lamentó Cárdenas en contacto anterior con EL DIARIO.
El mayor David Vargas, quien fue dado de baja de la institución policial por participar del motín policial en febrero de 2003 debido a un alto impuesto al salario que el Gobierno de aquella época impuso a todos los empleados públicos, manifestó que el caso del suboficial está manejando políticamente.
“Están tratando de generar una especie de escarmiento, de ejemplarizar. En mi caso me dieron de baja porque buscaban que los policías que estaban detrás mío nunca más reclamen, ni pidan respeto a sus derechos pero se equivocaron, porque los policías lejos de escarmentar han entendido que es una buena forma de hacerse escuchar, cuando los políticos no quieren hacerlo”, dijo en contacto anterior con EL DIARIO.
Vargas precisó que lo ocurrido en 2019 no fue motín porque no tenía las características como la desobediencia al mando constitucional, expulsión de los miembros de jerarquía superior o una toma del poder de cuarteles.
“En una institución uniformada, nadie puede actuar de manera individual, lo que uno hace es representar a un conjunto de policías pero cuando se tiene una jerarquía superior de todos los presentes. Si al suboficial le están iniciando un proceso es porque él debió asumir el mando de un conflicto que se estaba dando, seguramente él tenía la máxima jerarquía. Cuando se reúnen los policías, todos tienen una jerarquía, todos nos diferenciamos porque sabemos quién es el más antiguo y quién tiene el mando. Nadie tiene la capacidad de hacer ello, menos un suboficial que no está en el nivel de jefe”, explicó.
CONFLICTOS DE 2019
El 9 de noviembre de 2019, policías de La Paz, que se encontraban en la plaza Murillo, y otras unidades, decidieron desplazarse al edificio de Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), donde se replegaron y colgaron una bandera boliviana.
El día 10 de noviembre, después de la renuncia de Evo Morales, turbas enardecidas empezaron con actos vandálicos como la quema de los buses PumaKatari, casas privadas de periodistas y activistas.
Desde la madrugada del 11 de noviembre de 2019, las turbas quemaron y destruyeron al menos ocho estaciones de policías en las ciudades de El Alto y La Paz.
Los hechos más relevantes sucedieron en la ciudad de El Alto, donde un grupo de movilizados quemó las instalaciones de Tránsito y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto. Ambos inmuebles quedaron totalmente inservibles.
Los efectivos policiales no pudieron controlar a la turba que, por la fuerza, ingresó a las instalaciones. Allí dentro saqueó e incendió el lugar. Cuando inició el fuego, los efectivos policiales huyeron por donde pudieron.
En videos que circularon en las redes sociales se evidencia que tras la quema del Comando Regional de la Policía Nacional de El Alto, ubicado en la carretera a Oruro a la altura del cruce Viacha, otra turba enardecida saqueó quintales de arroz, azúcar y otro tipo de alimentos. Además quemaron una movilidad y algunos cuartos de la planta baja.
CASTELÚ
El suboficial Castelú tiene 34 años de servicio en la institución, está a pocos meses de su jubilación, con la baja pierde todos los beneficios que logró a lo largo de su carrera. Con esa decisión también se afecta a su familia porque se les estaría prohibiendo el derecho a la alimentación, la vivienda, estudio de sus hijos, entre otras cosas.