Se ha hecho costumbre que el primero de mayo, día del trabajador, el gobierno tiene que disponer el aumento de salarios, y el régimen populista-masista en su primera versión, solía nacionalizar o más bien estatizar, actividades empresariales, que a la larga dieron en la mayoría de los casos poco rendimiento.
Este año la oficialista Central Obrera Boliviana (COB) con el argumento que los dos años pasados no fueron aumentados los salarios debido a la pandemia del Covid-19 y sus graves efectos en la economía en general, ha solicitado un elevado aumento salarial que ha sido rechazado por el sector empresarial, que a su vez argumenta que aún no han superado la cuasi parálisis de la actividad económica privada.
Lo cierto es que los efectos de la pandemia el año 2020 obligaron al gobierno de ese tiempo a disponer una cuarentena rígida que paralizó toda actividad económica productiva e incluso clausuró el año escolar. Las variables de la economía boliviana comenzaron a declinar a partir del año 2014, debido a la caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial, que hasta ese año se habían elevado como nunca antes y determinaron unos ingresos históricamente inéditos en nuestra economía, que lamentablemente fueron deficientemente utilizados en obras sobredimensionadas, mal ubicadas y con costos elevados por los sobreprecios, el elevado gasto público corriente, a la vez que fueron descuidados la salud, la educación y otros rubros que habrían podido impulsar el desarrollo.
El oficialismo, con su política de propaganda, dijo que teníamos nuestra economía blindada con base en los elevados recursos en las reservas del Banco Central, que llegaron a los quince mil millones de dólares. Ahora esas reservas apenas superan los mil quinientos millones, pues se fue “echando mano” a las mismas para cumplir con las inversiones públicas anuales que, como dijimos, buena parte fue mal concebida y empleada.
Los déficits públicos son la muestra de un estado de cuasi crisis de nuestra economía, con efectos en el desempleo, escasa inversión privada interna y externa directa, elevada deuda externa que se debe honrar, inversiones públicas anunciadas anualmente en el presupuesto que se ejecuta en poco más del 50%, ausencia de ahorro interno y un clima de inseguridad, debido a la ausencia de una justicia independiente, políticas públicas que constriñen la actividad privada, además una exagerada presión tributaria que hace imposible cualquier emprendimiento privado y un alto índice de corrupción.
Una de las variables económicas que tiene mayor efecto social es, sin duda, el empleo que hace ya años está afectando la economía familiar, pues como efecto del fin de las “vacas gordas” en 2014 y los efectos de la pandemia, miles de ciudadanos han perdido sus empleos o han cerrado sus emprendimientos, volcándose a la actividad informal que ha crecido de tal manera que más del 80% de la población económicamente activa está en este sector, mientras miles de emprendimientos privados han cerrado sus actividades. Basta dar un paseo por la zona comercial de San Miguel, donde se ve escaparates vacíos, con letreros de “se alquila”. Hemos buscado una agencia de viajes en la zona sur y todas han desaparecido, pues el sector hotelero y turístico en general está en ruinas.
La política económica del gobierno debe dar un giro necesario para encarar la crisis en la que vivimos los ciudadanos y tomar en cuenta lo expuesto en la ley 1.356 del Presupuesto General del Estado de 2021, que decía: “En el marco de la política de austeridad (…) se autoriza al Ministerio de Economía (…) efectuar la evaluación de la estructura del sector público (…) evitar la duplicidad de objetivos (…)”. Desde 2006 se ha duplicado el número de empleados del Estado, en sus diversos niveles, una muestra es la cantidad de viceministerios, donde antes había uno o dos, ahora son tres o más, y oficinas que hacen las mismas funciones que los ministerios.
Reducir drásticamente el gasto público, dejar de lado las inversiones en emprendimientos de bajo rendimiento o en déficit financiero y los aumentos salariales que llevarán a la quiebra a cientos de emprendimientos, en especial los de la mediana y pequeña empresa, con la resultante de mayor desempleo, por el contrario, estimular la actividad privada y volcar recursos a esas actividades.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.