Triste primero de mayo

Si el anteproyecto de ley de Procedimiento Especial de Restitución de Derechos Laborales Fundamentales es aprobado en el Legislativo, se permitirá que la instancia meramente administrativa, representada por la Jefatura Departamental de Trabajo de cada departamento, usurpe junciones jurisdiccionales. En palabras sencillas: los inspectores de trabajo y el Jefe departamental estuvieran haciendo de jueces. En efecto, si consideramos que el Ministerio de Trabajo es una institución encargada de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores y de los servidores públicos; según reza su misión, no significa que tengan que juzgar y ejercer la administración de la justicia.
Esta ley otorga ese poder, reservado a los jueces, para que sea ejercido por funcionarios sin la capacidad necesaria, sin idoneidad ni conocimientos y experiencia que se necesita para trabar una “litis” entre denunciante y denunciado. Muchos de los empleados ni siquiera gozan de estabilidad laboral en la carrera administrativa y son contratados de forma precaria y eventual.
La Jefatura de trabajo, que debería tener un carácter conciliatorio entre empleadores y empleados, ahora por fuerza de la ley tendrá el poder de instalar una audiencia, donde el empleador debe presentar pruebas al inspector de turno, porque está sometido al Principio de inversión de la prueba, para no ser condenado con una resolución que acepta la denuncia y que tiene al Jefe departamental como un juez que emite resolución con base en el informe del inspector, resolución con fuerza ejecutiva. Es decir, el supuesto “juez” no está presente durante el desarrollo de la audiencia y condenará sobre la base de un informe del inspector. Un “juez” ausente del desarrollo del debate y argumentos de la réplica y duplica, emite un fallo con base en el criterio de un inspector que actúa también de abogado del trabajador, porque la rigidez de la norma laboral promulgada después de los hechos revolucionarios bolcheviques del siglo pasado, le ordena proteger al trabajador y exigir al empleador contratos visados por el Ministerio, planillas de ingreso y pagos de sueldos visados por el Ministerio, en un país donde más del 70 % de agentes económicos se mueven en la informalidad. Esto causará más quiebras y desempleo.
Es que los burócratas del gobierno creen que los empleadores son personas inmensamente ricas, explotadores burgueses que se enriquecen con la plusvalía del trabajo. Pero la realidad es diferente, tenemos una clase productiva abigarrada y heterogénea, de micros, pequeños y medianos empresarios que buscan salir adelante en urbes emergentes como El Alto, donde deciden contratar trabajadores en el taller de la casa, tienditas de barrio y restaurantes con dos o tres empleados. Valientes emprendedores que sobreviven en el infierno tributario y burocrático boliviano, que serán sometidos a la reincorporación laboral de una persona alcohólica, por ejemplo, porque es su “derecho laboral fundamental”. Dueños de talleres de costura que no pueden iniciar un proceso penal o si lo iniciaron, no pueden probar o conseguir una imputación sobre un ladrón, y tienen que restituir al empleado y soportarlo por orden del Jefe departamental. O la cerrajería que despidió operarios durante la pandemia por fuerza mayor, tiene que reincorporarlos por orden de un burócrata. Los dueños de las empresas no son propietarios de sus medios de producción. La cuarentena rígida destruyó la economía, quebró empresas y las que sobrevivieron serán ahogadas por esta norma y el incremento salarial abusivo que no consulta al dueño de la gomería, mecánica o librería si está de acuerdo con el aumento de salario.
Los que no producen deciden por los que producen en el socialismo, pero tiene al Estado como el mayor violador de las normas laborales, por libre contratación y libre despido por parte del Estado hacía sus funcionarios-clientes políticos. Entonces se tiene flexibilidad laboral dentro del sector público, rigidez laboral para el sector privado. ¡Nada que festejar!